Toda reducción de impuestos debería ser tan
bienvenida, como repudiado todo incremento de los mismos. Siendo así, todos
deberíamos aplaudir. Pero la rebajita que justifica el apoyo del Partido Popular a los presupuestos regionales del PSOE, no deja de ser una cortina de humo
para ocultar el régimen fiscal confiscatorio que padecemos en Asturias, un
autentico infierno fiscal que, combinado con el cementerio regulatorio que se
ha tejido a su alrededor, sigue defraudando cualquier aspiración de progreso social y
económico de nuestra región, y sigue condenándonos a la dependencia eterna de
la subvención exterior.
Lo cierto es que la minoración fiscal anunciada será
marginal y cicatera. Si la base liquidable máxima sobre la que se aplicará la
rebaja fiscal es de 12.450 euros, eso significa que el ahorro máximo será de dos
puntos porcentuales sobre esos 12.450 euros, es decir, 249 euros anuales, 20,75 euros mensuales. En realidad, sin embargo, la minoración será
todavía menor, ya que el cálculo del mínimo personal (que reduce el importe
final de la cuota líquida a pagar) también se calcula a partir de ese mismo
tipo marginal mínimo que se va a rebajar, de manera el importe efectivo de éste
caerá en unos 103,02 euros (el 2% del mínimo personal de 5.151 euros): es
decir, el impacto máximo de la rebaja fiscal será de 145,98 euros
anuales, 12,16 euros al mes.
Entiéndanse: uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban
todavía más. Pero vender como un ejercicio de responsabilidad esta ridiculez es
no sólo un insulto a los asturianos, sino al resto de españoles que contribuyen
a costearla. Peor aún: es un intento inane de aplacar el creciente
descontento social hacia una política fiscal liberticida, vendiéndoles a los
contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo. No: ahorrarles el
pago de 12,16 euros mensuales a algunos asturianos no es bajar impuestos, sino
una burlesca maniobra de populismo tributario. Y aún peor: ilustra
perfectamente que la finalidad del acuerdo presupuestario no es otra que
aparentar que se bajan los impuestos, al tiempo que se consolidan las brutales
exacciones fiscales que los socialistas han ido aprobando para mantener a
flote la burbuja regional que han ido construyendo en los últimos
treinta años.
La prueba definitiva de esta venta de humo la tendremos los próximos días,
cuando dispongamos de los datos -¡ay la transparencia!- para calcular el coste
estimado de la medida en relación con los ingresos del tramo autonómico del
IRPF asturiano; o aún peor, si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico
del IRPF, lo hacemos con los ingresos no financieros totales del Principado, un coste para las arcas regionales
que, ya adelanto, arrojará una cifra que apenas revasará un punto porcentual sobre el
total.
Pese a la nimiedad de este movimiento tributario, sigue latente el problema
más de fondo que refleja a la perfección el absurdo sistema de la tarta de financiación autonómica: mientras los
ciudadanos de algunas comunidades autónomas sufren subidas de impuestos para
financiar la “solidaridad interterritorial”, los territorios que son receptores
netos de tales fondos –como el caso de Asturias– se dedican a bajarlos, al
menos sobre el papel. Y ni siquiera esto es del todo cierto, ya que al final
los impuestos tampoco baja, o lo hacen de un modo casi inapreciable. Lo único
que se genera con estos gestos propagandísticos es el hastío de los ciudadanos
residentes en las comunidades que son pagadoras netas. Y todo ello con la
cuestión catalana de fondo.
Lejos de afrontar y
defender un proyecto verdaderamente reformista, consistente en reducir drasticamente el tamaño de la administración del Principado de Asturias -para poder
recortar con ímpetu los impuestos- y de seguir gastando lo que no tenemos; nos plegamos al consenso
socialdemócrata, abrazamos ahora con entusiasmo la gigantesca administración
regional –a la que hasta antes de ayer calificábamos de elefantiásica- y
sucumbimos al ditirambo de que ese será el motor de nuestro crecimiento. Más
gasto público y más endeudamiento: ese será el legado hacendístico de
estos presupuestos. Unos presupuestos para nada.
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