Ganar perdiendo y viceversa

“La política no es un escenario para mentir a la gente con datos falsos, hay que reconocer los problemas para que juntos encontremos la mejor solución”. 

Mauricio Macri

Doscientos años antes de Cristo, un rey de Macedonia abonaba su leyenda venciendo en un par de ocasiones a una ya expansiva y arrolladora República Romana. Sin duda una heroicidad merecedora de entrar en los anales de la Historia. Sin embargo, Pirro de Epiro, que así se llamaba el monarca, será recordado para siempre como el tipo que ganaba perdiendo y viceversa. Los daños de la batalla, a pesar de salir victorioso sobre el papel, le condenaban a una derrota a largo plazo.

La izquierda ha vuelto a vencer en Asturias. Su división no ha evitado que su suma, de votos y de escaños, siga siendo la fuerza política e ideológica prevalente en nuestra región. La misma suma que, cuando toca ocupar alcaldías y presidencias de Comunidades Autónomas, siempre se produce. Por ello, hablar de “victoria” frente a esa evidencia, por el hecho de haber logrado más votos y escaños que los sumandos de la izquierda por separado, es ponerse en la misma tesitura que Pirro: venciendo pero perdiendo. 

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Federalismo competitivo y sociedad del bienestar

La economía española vuelve a crecer, pero eso no está sirviendo para disolver nuestra crisis institucional. Muy al contrario, el incipiente crecimiento económico -sólo superado en Europa por una Irlanda que cerrará el año con un crecimiento del 6% de su PIB- parece estar sirviendo de excusa para entonar un “sostenella y no enmendalla”. En este año electoral, que culminará el próximo 20 de diciembre con las elecciones generales, es más necesario que nunca defender el pacto constitucional, atacado tanto por el populismo como por el nacionalismo independentista. Pero hay que ser conscientes que las soluciones no pasan por el inmovilismo.

Ante la evidencia de que ese pacto constitucional es ley muerta para una gran mayoría, la voluntad de derribarlo por populistas e independentista es una invitación a recrear la vida que lo hizo posible, un acicate para escuchar y avanzar en la configuración de un Estado no ensimismado, más abierto, poroso, reducido y volcado en el desarrollo de la libertad individual de los ciudadanos. Revivir la experiencia que hizo posible el pacto constitucional, exige avanzar en nuevas formas de participación política, para hacer esta más libre y abierta, como elemento coadyuvante para transitar del Estado del Bienestar a la sociedad del Bienestar.

La crisis nos ha enseñado que es necesario cambiar de modelo, que los artificiosos niveles de ingresos públicos -con los que parecía que el bienestar alcanzado era sostenible- no volverán a menos que se aumente el ya de por sí elevado esfuerzo fiscal que soportamos, o sigamos incrementando el desmesurado endeudamiento público que va camino de ser heredado por nuestros nietos. Pensar y sostener que la recuperación económica logrará revertir esa realidad, es hacerse las trampas al solitario propias de quien sólo piensa en las próximas elecciones.

El primer paso en ese camino es el de superar los viejos discurso de oposición dialéctica entre Estado y mercado que sostiene que una élite de funcionarios -o de políticos tecnócratas- puede dirigir la economía mejor que la infinidad de agentes particulares, justificando su preeminencia en la descoordinación de esos agentes que lleva a un interminable sucesión de auges y depresiones.

la realidad es justamente la contraria. Porque de igual modo que la multiplicidad de empresas permite a los consumidores elegir a diario aquellos artículos que mejor se adaptan a sus deseos y recursos, el fraccionamiento del Estado en diferentes jurisdicciones alimenta una saludable competencia. Como explica Lorenzo Bernaldo de Quirós en su reciente libro “Por una derecha liberal”, la oferta y demanda de bienes -de servicios públicos- evidencia la escasa o nula capacidad de un organismo centralizado para acumular toda la información para realizar la asignación eficiente de los recursos y satisfacer la demanda de los individuos. En cambio, la distribución de competencias entre las diversas esferas de gobierno (central, autonómico y local) se produce a través de una relación de intercambio entre las economías de escala y la diversidad de las preferencias, combinando la diversidad con la prestación monopolística de una serie de servicios públicos que reducen los costes de transacción, y haciendo posible para el resto procesos de cooperación voluntaria a través del mercado.

Ello explica por qué un Estado federal está compuesto por unos pocos niveles de gobierno con múltiples funciones asignadas a cada una de ellas. Esta competencia entre las distintas esferas de gobierno además de proteger la libertad de los individuos y promover la eficiencia, impulsa la convergencia de los niveles de renta –sin necesidad de la acción intervencionista del gobierno central- y restringe la expansión del sector público, salvo que el marco institucional fomente la aparición de “buscadores de renta”, o incentive la competencia de los gobiernos locales y regionales para realizar esta lucrativa actividad.

Lamentablemente, nuestro decadente Estado del Bienestar se ha construido al calor de ese marco institucional favorecedor de los “buscadores de rentas”. Nuestros sistema autonómico fue pensado en su origen como un sistema federal que no se planteaba como un mero proceso de transferencias, sino que hacía preciso asumir el hecho autonómico en toda su integridad, y culminar un proceso que entraña la división horizontal del poder político en sí mismo. Pero el sesgo ideológico y, sobre todo, un cierto grado de pusilanimidad frente a los nacionalismo vasco y catalán -por puro interés electoralista- desembocó en que a partir del año 1996, tras culminar el reparto competencial, comenzase una carrera de aprobación de estatutos de autonomía de nueva generación que dejó configurado una estructura confederal de tipo helvético que evaporó cualquier posibilidad de que la corresponsabilidad y la coordinación entre las administraciones estatal y autonómica, que caracteriza una estructura federal, fuese una realidad más allá de la coincidencia del color político de los gobiernos en ambos niveles. Y a veces ni eso. En lugar de ello, se instauró la ceremonia de las lamentaciones, de la exaltación de los agravios comparativos, de la defensa de un imaginado “derecho al déficit” y del victimismo como herramienta política de rentabilidad electoral, en el que hoy estamos instalados, con los nefastos resultados para nuestros bolsillos, en forma de deuda galopante y despilfarro.

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Democracia electoralista

“El totalitarismo es la subordinación de la vida entera de cada individuo, de su trabajo, de su ocio, a las órdenes de quienes ocupan el poder”.

Ludwig von Mises

La confiabilidad en el sistema democrático se perdió hace muchos años. Quienes aún no han entendido que han sido sus métodos políticos los que fueron erosionando -y siguen haciéndolo- la confianza del ciudadano en él, siguen sin entender que la regeneración no consiste en seguir repartiéndose puestos y prebendas, en escenificar abrazos de Vergara entre quienes han llevado al abismo al centro-derecha en Asturias en dos ocasiones, haciendo una aplicación torticera y falsa de la parábola del hijo pródigo -¡por favor dejen las interpretaciones de las palabras de Jesucristo en el ámbito de las cuestiones de fe!-, y apelando al “pasar página” para no tener que responder por ninguno de sus actos, ni pasados ni futuros.

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Neoluditas

No anda muy sobrada Asturias de la necesidad de liberalizar su economía, de que su entramado burocrático y político dejen de ser un cementerio regulatorio y proteccionista que frustra cualquier posibilidad de ver crecer en nuestra región la actividad económica, sin tener que depender de la eterna subvención para que sea viable. Mientras los principales estudios de previsiones económicas vaticinan que nuestra economía regional se situará a la cola del crecimiento de España en los próximos años, quienes tienen la responsabilidad -desde el gobierno y desde la oposición- de al menos no poner trabas al desarrollo económico de Asturias, siguen sin darse por enterados, anclados de los viejos paradigmas del intervencionismo de la industria carbonera aplicados a todos los ámbitos de la economía regional como directriz política. 

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Plañideras presupuestarias

Como cada año, con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, salen las plañideras del "que hay de lo mío", los aristócratas del gasto público, a reclamar para su territorio el derecho a disponer de más dinero público que eliminen los agravios comparativos. 

Desgraciadamente da igual hacia que lado del arco parlamentario se mire. El discurso victimista es común. Porque la prioridad no pasa precisamente por ejercer el papel como generadores de riqueza y de empleo. Aquí de lo que se trata es "qué" toca del presupuesto y "como" se reparte. ¡Como si la prosperidad derivase del reparto de fondos públicos, y no la generación de fondos privados! ¡Como si los derechos fuesen de los territorio en lugar de las personas!

La mediocridad de la clase política  ha fomentado esta especie de juego del Monopoly como modelo de negocio, en detrimento de apoyar (o al menos de no estorbar) la tradición emprendedora y trabajadora de nuestro país.Como también lo ha provocado el endeudarnos hasta los ojos en proyectos faraónicos para mayor gloria de esos políticos mediocres que necesitaban de esos proyectos para compensar su mediocridad. Y todo ejecutado sobre la falsa idea de que era la escasez de infraestructuras es la que limitaba el progreso económico. 

¿Y si en lugar de haber dilapidado ese dinero en  infraestructura de “por si acaso”, como quien construye templos al maná, se hubiese atraído a las mejores multinacionales tecnológicas con sede en Europa poniéndoles el 12% de impuestos en lugar del treinta y tantos –como han hecho los irlandeses o los luxemburgueses con las gestoras de fondos–, o reduciendo drásticamente los costes de contratación y eliminando trabas burocráticas?

Mientras desde la política se siguen poniendo excusas a cerca del sostenimiento del Estado del bienestar, la realidad es que ya todo está  inventado sobre cómo atraer empresas, que son las que generan empleo, libertad y prosperidad; base de cualquier Estado del bienestar que con rigor pretendamos calificar como tal. 

¿Por qué se instala Apple en Irlanda, en lugar de en Valencia, Sevilla, Oviedo o Murcia? ¿Por sus carreteras? ¿Por sus superpuertos? ¿Por la red del AVE? ¿Por sus numerosos aeropuertos? No, si las multinacionales tecnológicas no están en España no es porque sea peor sitio que Irlanda. Se fueron allí porque pagan la mitad de impuestos y les dan todas las facilidades administrativas para instalarse. Igual que las empresas que se instalan en Estonia, que no pagan impuesto de sociedades, y sólo tributan si reparten beneficios.

Nada de cementerios regulatorios autonómicos, nacionales y locales, ni amenazas de sanciones y boicots si pretendes ejercer el derecho a la libertad de empresa y cambiar tu empresa de localización. Si como en Irlanda, Luxemburgo o Estonia, España  fuese facilitadora de la actividad empresarial, con mínimas trabas administrativas y una fuerte seguridad jurídica, sumado a que es un entorno ideal para vivir, ¿ustedes creen que las empresas se irían a esos paises? Al menos se lo pensarían y preguntarían a sus directivos donde desearían residir.

Reducir el elefantiásico estado español y su perniciosa influencia en el sistema productivo debería ser el centro del debate. Pero lamentablemente, ese debate sólo lo contemplaremos en Estados Unidos, en donde la carrera a la Casa Blanca se centra en competir por quien será más capaz de bajar el abultado gasto público y los impuestos. 

Eso aquí, por desgracia, no lo veremos. La estrategia de que las clases medias y medias altas paguen con sus impuestos un Estado del bienestar con derecho subjetivo a todo, limita la capacidad de consumo interno en un país cuya principal y casi única fuente de crecimiento (desgraciadamente) es el consumo interno. 

No hay excusa: lo que se está ahorrando en intereses por la caída de la prima de riesgo, debe destinarse a bajar YA los impuestos y los costes de contratación a las empresas, y convertir España en un paraíso fiscal. 

Sí, un PARAISO FISCAL donde el contribuyente pague, pero no se le prive de la mitad de su renta. Un PARAISO FISCAL donde las empresas paguen por estar en él, y no que los impuestos sean una barrera para que nuevas empresas venga a asentarse en nuestro país. Un PARAISO FISCAL donde la burocracia y el intervencionismo estatista dejen de penalizar las expectativas de crecimiento de las empresas. En definitiva, sacar partido al país para generar prosperidad, en lugar de poner trabas a los profesionales y las empresas que quieran vivir y trabajar aquí, y encima hacerse las víctimas buscando culpables externos.

 ¿Es tan difícil de entender?

¿Los mejores en qué?

Cada inicio de un proceso electoral, cuyo primer capítulo suele ser la selección de candidatos, es abierto indefectiblemente con el discurso “los mejores” y la manida referencia a Ortega y Gasset, como si introduciendo en el discurso la referencia a nuestra gloriosa generación del catorce, bastase para investir de infalibilidad lo que se pregona. Hacerlo así lleva a caer, con Ortega, en tres grandes vicios: confundir los problemas, compararlos con referencias irreales y agregarlos en términos inmanejables.

Apelando al discurso de “los mejores” se invierte la lógica; porque además de no realizarse un proceso de selección con criterios objetivos y democráticos (esos “mejores” son elegidos por unos pocos elegidos por otros menos) a continuación, se les califica de «mejores». Es decir, los elegidos no lo son por ser los mejores, sino que son los mejores por ser los elegidos.

Pero además nunca se explica en qué son los mejores, o simplemente se establecen referencias irreales o asociadas a un gran currículo académico. Las cualidades necesarias para que el político logre sus objetivos puede que ni aparezcan en su currículo, pero son, en cambio, las que definirán su éxito político: el afán reformador, la lealtad a sus principios y valores, su carácter para afrontar críticas y su capacidad para explicar sus decisiones. Y estas cualidades solo pueden evidenciarse mediante procesos de elección democrática, no compareciendo ante un sanedrín.

La política es fundamentalmente una cuestión de confrontación, no exclusivamente de gestión. Investir a un candidato como “el mejor” nada más ser designado, da a entender que se les sitúa por encima de la contienda política bajo una visión fundamentalmente tecnocrática. Pero no hay que olvidar que los debates políticos no los gana quien tiene razón, sino aquel que logra que se la den dando la batalla de las ideas, justificando sus actos y criticando al contrario. En esta senda, a los mejores no los encontraremos en oscuros despachos, ni en modernos casting más propios de los ‘talent show’; sino estableciendo procesos democráticos de elección de candidatos, donde se confronten los diferentes perfiles y donde sea la elección democrática de todos (y no de unos pocos) quien incentive que los candidatos tengan que demostrar su capacidad para emprender y llevar a buen término reformas.

Poca, o ninguna, ambición colectiva puede alcanzarse cuando la elección de los candidatos a los procesos electorales se basa en que los afiliados a un partido tengan el sagrado privilegio de ovacionar y votar a los candidatos que otros han elegido. Por ello la formula para conjugar la elección de los candidatos con mejores virtudes -que no son sus conocimientos ni su curriculum, sino su capacidad para tomar decisiones difíciles y prevalecer para cumplir los objetivos políticos- y generar una ambición colectiva, es que los afiliados de base de los partidos tengan el protagonismo, que las cualidades que lleven a un candidato a ser elegido –en unas primarias- sean las que decidan los afiliados que fuesen, con dos fundamentales ventajas: si algún candidato tuviese algo que esconder, esto se sabría durante la celebración de las primarias (y no durante la elección o, aún peor, una vez elegido); y permitiría que demostrasen sus cualidades personales,  demostrando –desarrollando su capacidad de comunicación- que es capaz de ganar unas elecciones y realizando el rodaje necesario para la batalla electoral posterior.

La arrogancia es un fatal defecto humano, que desgraciadamente en política se evidencia con mayor fuerza. Un político debería de ser calificado como “el mejor” cuando finaliza el ejercicio de su cargo público, y no antes. Cuando un político se sabe necesitado de demostrar cada día que no lo tiene todo hecho, que debe explicaciones constantes ante quien le elige, y que este le premiará o sancionara con su voto, es cuando la calidad de la representación política eleva su calidad.

El nuevo tiempo en la política exige unos partidos políticos más abiertos en los que cualquier ciudadano pueda integrarse libremente y participar activamente, tanto en su funcionamiento interno cuanto en la elección de sus cargos internos y candidaturas a cargos electos; mediante procedimientos claros, transparentes y libres de obstáculos y de cualquier vestigio de arbitrariedad y resistencia, que imposibiliten constituir alternativa de personas e ideas distintas a las de quienes ocupan su dirección. Interpretar todo esto ejecutando un proceso de selección similar a un casting televisivo, es evidenciar no haber entendido nada de lo que ha pasado y que los partidos están para representar a los demás, no a ellos mismos.