Céntimo sanitario. Crónica de urgencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho público hoy su dictamen por el que declara que el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (popularmente conocido como "céntimo sanitario") vulnera la legislación comunitaria. El dictamen secunda el criterio ya manifestado, en su día, por la Comisión Europea que no existe un vínculo congruente entre el importe de dicho impuesto y los problemas sanitarios o de protección ambiental que tuvieran por objeto remediar y estuviera sujeto a la condición de coonsumo de hidrocarburos.

En la definción original del centimo sanitario está su propia errónea formulación. El impuesto se creo para satisfacer cuestiones banales del sistema de financiación autonómica ante el traspaso del las competencias en materia de sanidad a las Comunidades Autonomás. La anulación de este impuesto -que en realidad ya no se cobra como tal, al haberse incorporado su gravamen al Impuesto sobre Hibrocarburos-, además de traer como resultado el indebido cobro de 14.000 millones de euros que genera derecho de devolución -aunque en la práctica no llegará a ser efectivo en más de un 30 o 40% por prescripción o ausencia del apoyo documental por parte del consumidor final para reclamar- abre un importante agujero en las cuentas públicas de las administraciones implicadas.

Pero la más importante de las conclusiones que debemos extraer de esta dictamen es la constatación del carajal que tenemos montado en el sistema de financiación autonómico. Ayer mismo el REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas de España, presentaba como cada inicio de año su Panorama de la fiscalidad Autonómica y Foral. Sus conclusiones son tan demoledoras, si cabe, como el dictamen dado hoy a conocer por el TJUE: "El sistema de financiación de las CCAA actual adolece de transparencia y equidad. El principio de corresponsabilidad fiscal no se puede cumplir, a pesar de la amplitud de la capacidad normativa de las CCAA, porque de la recaudación de los impuestos cedidos, y debido al juego de los distintos Fondos, no queda en cada región más de un 25%, pasando el resto a repartirse según diferentes criterios. Por otra parte, la técnica legislativa en la mayor parte de las CCAA es muy cuestionable si tenemos en cuenta que se legisla mucho, se modifica la normativa muy a menudo y los tipos reducidos, las reducciones, las bonificaciones y deducciones se suelen condicionar a multitud de requisitos que, además, en muchos casos se deben de cumplir en el futuro".

La conclusión es clara: hemos construido un sistema que, soslayando los criterios básicos de un sistema tributario, ha tratado de paliar las deficiencias de un sistema de financiación autonómica como una tarta, con el que hay que acabar para dar paso a un sistema responsabilidad fiscal. Continuar en lo mismo, lejos de garantizar el estado del bienestar que se pretende preservar, lo pone en grave peligro. Hemos vivido tan bien, estos últimos veinticinco años, recibiendo fondos de todo tipo, que el sistema se ha convertido en un voraz rumiantes de recursos, mientras sus gestores nos contaban las ventajas de adoptar el estado del bienestar en el que vivían en el norte de Europa, pero que se olvidaron de explicar que la cuestión social en el norte tiene otro sentido y que tuvieron que hacer un esfuerzo extraordinario para conseguirlo; mientras que aquí, considerándolo derecho subjetivo, lo adoptamos sin aportar ningún valor añadido.

Y sólo es ahora -con las vergüenzas del sistema al descubierto- cuando se reclama, en el marco de la negociación de la financiación autonómica, que los recursos son insuficientes para sustentar este irrenunciable estados del bienestar que no hemos dado, y que no podemos perder financiación o que -ordago a la grande- son necesarios más recursos. No, no son insuficientes. Están mal asignados y gestionados. Porque mientras, como en el caso de Asturias, los gestores de la sanidad maquillan las cifras de las listas de espera, ponen encima de la mesa la necesidad de asignar mas recursos para solucionar problemas que no son fruto de la falta de recursos, sino de la incompetencia, de la acomodación de no tener recaudar lo que se gasta y de no sufrir las consecuencias de gastar lo que no se tiene.

Lo cierto es que las Comunidades Autónomas deben acometer una reducción del gasto -si o si-, no pueden seguir gastando más de lo que ingresan. Y ese ahorro sólo podrá venir cambiando las prioridades de su acción, continuando siendo responsables de los grandes servicios públicos, fomentando la competencia entre los centros que los proveen y eliminando toda la red paralela de la administración y el insoportable gasto del sector empresarial público, que restan competencia a la propia administración y a las empresas del sector.

Los socialistas descubren que Asturias tiene un problema demográfico

¡Albricias! Tras 30 años gobernando, los socialistas acaban de descubrir que Asturias tiene un problema demográfico. Ahora que su despilfarradora gestión, sus fracasadas políticas y su absoluta inacción ante la crisis les pone frente a la tesitura del final de la fiesta del gasto -generado con ingresos extraordinarios- se sacan de la manga la necesidad de que se financiaen los servicios públicos derivados de los problemas demográficos a los que no han prestado atención en las tres últimas décadas. 

Los socialistas han permanecido ajenos a la modifición de la estructura de edades de la región, mientras navegaban acomodados en la financiación subvencionada que sólo tenían que preocuparse en gastar, sin dar explicaciones ante la ausencia de responsabilidad por haberlo recaudado. ¡Un chollo!, una auténtica bicoca política donde el victimismo era el caldo de cultivo para exaltar las necesidades que era perentorio cubrir y que electoralmente tenía un alto rendimiento. 

El resultado de todo ello es que, tras 30 años exaltando necesidades (la siderurgia, el carbón, las infraestructuras...), resulta que seguimos en la misma posición en el orden de las regiones españolas por renta per cápita que en 1955 o que en 1975. En resumen, este sistema de que se nos financien las necesidades ha supuesto un rotundo fracaso que ha fijado a Asturias en su pobreza relativa frente a las regiones más ricas. Por ello, el invierno demográfico que se nos viene encima, lejos de ser excusa para afianzar un sistema de financiación fracasado, debe provocar que acabemos con la tarta de la financiación autonómica para dar paso a unas Autonomías responsable para una financiación responsable.

 Por lo demás, la política demográfica socialista en nuestra región no ha sido más que gregarias de los mostrencos postulados socialdemócratas: no plantearse nunca la cuestión  y si alguna vez roza su conciencia, se encomienda pseudoreligiosamente al crecimiento económico y el progreso tecnológico para hacernos creer que cuando alcancemos la mitad del siglo seremos tan ricos y tecnológicamente avanzados que podremos permitirnos mantener a un jubilado con lo que produce un trabajador. Baste recordar aquel especial que el periódico El País, en diciembre de 2010, dedicaba a Asturias con el pretencioso título 'Del carbón al ratón', a mayor gloria del Gobierno socialista -publicidad institucionalmendiante-, que de desgañitaba en alabanzas a "la consecución de una década de transformación económica y social" (sic). Las cifras de hoy desmienten aquel ejercicio de autobombo pagado por todos: 364.900 ocupados para 298.700 pensionistas y 104.500 desempleados.

Que no exista en la Historia ningún precedente de crecimiento económico en una sociedad con un capital humano declinante -y eso que nuestros insostenibles de estados de bienestar son recientes- o que en las tres últimas décadas, el crecimiento de la población haya producido entre la mitad y dos tercios de todo el crecimiento económico en los países industrializados, ha sido ignorado conscientemente por quienes nos han gobernado durante las tres últimas décadas en Asturias, que han preferido permanecer entregados a la inercia del paradigma neomalthusiano o, simplemente, a la pereza mental subvencionada por el reparto de la tarta autonómica.

El deterioro económico-demográfico provocado por la baja natalidad ha sido ignorado, y el inevitable retroceso -no ya sólo psicológico, sino real- escondido durante décadas detrás de ingentes cantidades de dinero público que se han dilapidado en crear una economía irreal -subsidiada, de burbuja-, en lugar de ser destinados a que la plena incorporación de la mujer al mercado laboral fuese un revulsivo demográfico -en lugar de un lastre-, a que el hecho de ser padres no padezca la creciente "penalización" económica que sufre o a reconsiderar las políticas anti-inmigración -ante la evidencia de que la inmigración resulta inevitable ante una sociedad que envejece-. En definitiva: ni una sola actuación ni política seria para atajar el crecimiento vegetativo negativo que lleva 30 años lastrando nuestra población y nuestro desarrollo económico.

Y ahora resulta que, no sólo hay que seguir financiando esta incompetencia, sino que encima hay que poderarla para que Asturias perciba aun más financiación. Todo lo contrario: la financiación basada en la poderación de las necesidades autonómicas debe desaparecer pasar a ponderar los compromisos y la responsabilidad de sus gobiernos. Compromisos  y responsabilidad para desarrollar inicitativas desreguladoras y de liberalización de la economía, de reducción del gasto, de reducción selectiva de impuestos -que sean el imán que atraiga población- y sobre todo, de que los responsables públicos dejen de tratar a la paternidad como una opción personal más -a la que sin embargo se castiga a soportar en free riding- y se reoriente la función redistributiva del Estado de Bienestar hacia el fomento de la natalidad.

Autonomías responsables para una financiación responsable

La semana pasada escribía en el periódico digital asturias24 un artículo en el que abogaba por acabar con la tarta de la financiación autonómica. En síntesis, apunto en ese artículo el doble error que se comete por parte de las comunidades autónomas al considerar la financiación autonómica como una tarta -que se reparte en función de las necesidades de cada comunidad autónoma: dispersión, envejecimiento...- y no asumir la imposibilidad de mantener un gasto corriente que se generó con ingresos extraordinarios. Critico también en ese artículo que mantenerse en ese error es persistir en los graves errores que la nefasta Ley de Financiación de 2009, al distribuir los fondos de financiación bajo el criterio del concepto de "población ajustada", una definición opaca que esconde un reparto atendiendo a factores políticos, en lugar de hacerlo atendiendo a criterios de austeridad y promoción económica.

El actual sistema de financiación no es más que el último paso en una cadena de despropositos en el vano intento por apaciguar las demandas nacionalistas catalanas. Las demandas se han ido incrementando en proporción exponencial a la asunción de competencias y de la financiación correspondiente. Un proceso único en la descentralización administrativa -iniciado en 1981 con los Acuerdos Autonómicos- que no tiene parangón en Europa y que, sin embargo, nos ha puesto al borde de las advertencias que, poco después de haberse llevado a cabo el proceso autonómico, hizo Adolfo Suárez sobre los riesgos de las pretensiones sobreranistas: la quiebra del espacio económico común y la inseguridad jurídico que ello acarrearía al ciudadano. "Las autonomías que proyectamos serán unas autonomías solidarias -afirmaba Suárez-, de suerte que las comunidades más ricas y más prósperas no puedan desentenderse de los problemas que aquejan a las menos desarrolladas o las más marginadas". 

Tocqueville, en La democracia en América, señala que "a medida que los ciudadanos se hacen más iguales, disminuye la inclinación de cada uno a creer ciegamente en cierto hombre o en determinada clase". Por ello resulta de todo punto incomprensible que se pretenda un nuevo sistema de financiación autonómica para repetir -todos en conjunto- los errores que nos han traído hasta aquí: señalar las desigualdades (dispersión, envejecimiento..) e incidir en ellas, especificar los elementos diferenciadores y actuar sobre las leyes para provocar estatutos jurídicos diferentes. Es decir, que en lugar de buscar la igualación jurídica dentro del propio marco de actuación, pretendemos seguir distribuyendo el falso pasto ideológico de la imposible igualdad material de los ciudadanos -perseguida todos estos años por los nacionalistas- escondido ahora tras la educación, la sanidad y los servicios sociales, cayendo en lo mismo que tanto hemos criticado a los catalanes.

En esta huída hacia ninguna parte, el Gobierno de Asturias -junto a otros gobiernos autonómicos- se ha enrocado en rechazar una financiación autonómica "por debajo" de la actual, aduciendo para ello la diferencia del coste de los servicios en función de -nuevamente- la dispersión y el envejecimiento de la población. Y a renglón seguido, el pasto ideológico: educación, sanidad y servicios sociales están en peligro. Pero aquí están ellos para defenderlos. Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado. Pero un coste, que escandalizaría a cualquiera, se justifica en cuanto se introduce el termino "sanidad", o "educación", o "servicios sociales"; como si no hubiese despilfarro.

Ninguno de ellos, en cambio, quiere asumir que las autonomías, con responsabilidad de gasto y no de ingreso, no funcionan. Pero lo que es aún peor, ninguno quiere asumir la inevitable reestructuración del Estado autonómico y del sistema político que exigen, de acuerdo con todas las encuestas, la gran mayoría de los ciudadanos. El profesor Luis Garicano, en su último libro El dilema de España, apunta la oportunidad de usar las demandas de Cataluña para acometer esa reforma en la que -como apuntaba en mi artículo Acabemos con la tarta de la financiación autonómica- cada Gobierno se responsabilice de sus presupuestos y sus electores para poder juzgarlos con claridad. Y en ese camino sólo la responsabilidad fiscal es la opción viable para erradicar el exceso de gasto -fruto de los ingresos extraordinarios-, eliminando de raíz la dependencia de la subvención estatal, que desincentiva el desarrollo del sector privado y defrauda las aspiraciones de progreso de la región. Una responsabilidad fiscal que promueva la generación de riqueza en lugar de exaltar necesidades, y que ligue la percepción de fondos públicos a la liberalización de la economía regional, la rebaja selectiva de impuestos y la austeridad.

Los ciudadanos no son galeotes

Alguien se encarga de vez en cuando de rescatar el argumento de la falta de unidad de los asturianos como elemento coadyuvante que nos impide “triunfar”. Tal como acertadamente destacaba el editorial del periódico La Nueva España ayer domingo “la renovación que necesita la región nunca provendrá de la componenda, ni de las concesiones a la demagogia, ni de la bandería partidista, sino del esfuerzo, la integridad y el sacrificio de los dirigentes”.

El relativismo y la negación de la realidad –postergando el día del juicio- no lleva a ningún consenso sano. Y con ello sólo se consiguen acuerdos vacíos y pobres. Los acuerdos fundamentales y profundos de nuestra vida política democrática están perfectamente asentados, cuando menos, en los procedimientos que deben ser mínimamente cumplidos. Negar esto es tanto como abonarse a los postulados de que la transición española está inconclusa y permanente abierta. Esto hay que desterrarlo por completo, porque es tanto como sostener que nos falta un acuerdo mínimo ciudadano, una “unidad” que, en lo fundamental y básico ya existe y que como sostiene el editorial dominical de La Nueva España exige una “cultura política más ejemplar”.

Ahora bien, destacar ese carácter fundante y constituyente del acuerdo, como base de la vida política, no permite inferir que toda la vida política se reduzca al acuerdo, a la “unidad”. El acuerdo, el pacto, el consenso, la “unidad” es un momento del diálogo, no es ni su estado ideal, ni su conclusión. Es incompatible defender la unidad sistemática y a la vez abanderar la fluidez y el dinamismo de la vida humana. Por ello lo fundamental, lo principal, no es que los interlocutores se pongan de acuerdo en todo –ni en casi todo, ni siquiera en la mayor parte de los temas-, sino que respeten –y tengan permanentemente presente- el acuerdo básico, metapolítico, que hace posible el diálogo, que los convierte en interlocutores, en conciudadanos.

Y es que debemos de dejar de tratar a nuestra sociedad como una galera, donde unos reman y otros dirigen. La grandeza de nuestra sociedad actual estriba es que se mueve gracias a las millones de decisiones que cada uno de sus miembros toman día a día. Y es ahí donde encuentra su equilibrio: en que cada uno busca su propio interés llegan a acuerdos libres con otros, no remando como galeotes al ritmo que marque el cómitre. La demandada “unidad”, como fin en si mismo, es abono para la pereza política que deriva en obviar el esfuerzo de justificar la dirección hacia la que se pretende ir. La insistencia en la “unidad”  distrae la obligación de explicar y justificar que políticas se pretende implementar.

La confrontación es un elemento ineludible de la vida política. Ante una propuesta determinada, ante un proyecto, la masa social fácilmente se dividirá entre partidarios y detractores. Ni los asturianos ni los miembros de ninguna sociedad van a remar todos en la misma dirección. Apelar a esa situación idílica es una absoluta perdida de tiempo. Es más, de producirse sería catastrófico. 

Que ante una propuesta política aparezcan partidarios y detractores –o que haya personas que no saben o no contestan, o los que consideran una tercera o cuarta opción- no debe hacer caer en el error de denostarlo como apoyo argumental para mantener la pertinencia de la división entre izquierda y derecha. Todo lo contrario: desde un punto de vista de reivindicación del espacio político de Centro, este no se construye allanado la diversidad presente, sino más bien a base de ensanchar y expandir el espacio en el que nos hemos movido hasta ahora. Un nuevo espacio para dar más juego a los ciudadanos -que es de lo que se trata- y que obligue a un mayor compromiso para mejorar el futuro de Asturias, más allá de las aspiraciones a ejercer de cómitre de la unidad.