Como consecuencia de la triple crisis en la que estamos inmersos –económica,
política e institucional-, se ha asentado la idea de que en España sobran
políticos, y se ha conjugado con una reacción negativa sobre sus sueldos. La
tentación de sucumbir ante esta ofensiva populista debe ser muy bien atemperada,
para no ceder frente a –en palabras de Antoni Gutiérrez-Rubí- “una alianza de facto
entre los que no quieren más política y los que sólo quieren una política”.
El debate sobre los sueldos de los políticos no es nuevo ni
reciente. En este mismo blog ya tuve ocasión de escribir sobre el por qué un político debe tener sueldo. Mucho antes –en 1809- y con más erudición, Álvaro Flórez Estrada, redactando un
proyecto de Constitución, más radical que el que luego aprobaron las Cortes de
Cádiz, vaciló –al tratar representación política- entre la participación
general para la elección de diputados a Cortes, y la restricción de que los “los vocales de los congresos provinciales no
disfrutan de sueldo alguno. Por este medio se logrará, sin chocar con ninguna
clase, que no sean elegidos los que no tienen propiedad, y de esto mismo deben
resultar otros muchos beneficios a las costumbres que sería largo señalar”.
Esta postura, sin embargo, fue corregida en su discurso de 1811, proyectado para
ser leído en la sesión de apertura de las Cortes, en el que insistía en la participación
y representación universales.
Que la dedicación a la política sea una cuestión de vocación –lo cual no es malo- no debe asentarse sobre el principio de que dada esa naturaleza, los que la ejercen deben dar ejemplo cobrando poco para ennoblecer el oficio y hacerlo de interés público. Es evidente que para alcanzar esos loables objetivos el camino es bien distinto. Porque las decisiones políticas no están relacionadas con el nivel de sueldo del diputado, sino con que su productividad pueda ser medida y evaluada, pueda ser puesta en una balanza contable lo que cuestan y el beneficio que reportan y -como consecuencia de ello- se le premie o castigue. Un político es un asalariado con dinero público y como tal debe ser tratado. Estoy a favor de contener los ingresos de los políticos, en tanto que con ello se contiene el poder del Estado. Pero también estoy a favor en que su retribución sea única, transparente, suficiente y exclusiva dado el poder que asume, la repercusión de sus decisiones y la posibilidad de que tome estas motivadas por causas ajenas a su propio cometido de representación. En resumen: minimizar el incentivo que atrae a la política gente ambiciosa de riqueza y de la dignidad que le otorga el cargo. Empero, los datos evidencian que sus salarios se encuentran en la franja baja de lo que se paga en las democracias europeas.
De igual modo, tanto en el ámbito estatal como el autonómico, las cámaras españolas son relativamente pequeñas en términos parlamentarios y están muy lejos de la conocida formula de los politólogos Rein Taagepera y Matthew Shugart para determinar la cifra de los representantes camerales, de la que no pocos países se valen: calcular la raíz cúbica de la población. Su estudio -que data de 1989- analizó las asambleas de 105 países y encontró una relación empírica entre ambas variables. La base teórica de la relación parte de un 'feedback communications model of politics' donde se asume que el diputado se comunica verticalmente con el electorado que lo eligió y horizontalmente con otros legisladores dentro de la asamblea a la que pertenece.
En este escenario la comunicación es una de las funciones más importantes de un diputado. Por medio de la comunicación con el electorado, el parlamentario lleva a cabo la tarea de representación, y mediante la comunicación con otros diputados trabaja en la de legislador. El tamaño de la asamblea afecta la capacidad de los diputados para comunicarse entre ellos o con el electorado. Una asamblea grande reduce la comunicación entre diputados y favorece la comunicación con el electorado y viceversa. En ese sentido, se necesita una asamblea con suficientes diputados para maximizar los canales de comunicación y tener un balance entre las distintas tareas como es la representación y la legislación.
Se puede argumentar -no sin razón- que los diputados no se comunican, ni con el electorado ni con sus pares y que, por lo tanto, huelga el modelo o incluso -llegando más lejos- la propia asamblea. 'Fair enough' contestaría un yankee. Quizá en vez de prestar atención a que los diputados no hacen nada, debiéramos analizar por qué no están abiertos esos canales de comunicación y por qué los diputados no cumplen con su tarea.
Por ello, el debate tiene que trascender más allá que la simple discusión sobre el costo monetario a corto plazo que significa mantener los parlamentos. Es una cuestión de regeneración democrática, de procesos de selección de selección de candidatos, de replantear los partidos políticos -modernizando sus métodos de captación, transformando su organización y sus actividades, reforzando su atractivo- para que sean más dignos de las sociedades que desean Gobernar. De ahí -como señala Moises Naím en su reciente libro 'El fin del poder'- parte la necesidad de partidos políticos más fuertes, más modernos y más democráticos, que estimulen y faciliten la participación real de los ciudadanos en el proceso político, creando nuevos mecanismos de gobernanza real. Se trata -en definitiva- de acercarnos a los ciudadanos para que ellos no se alejen de nosotros.
El debate sobre los sueldos de los políticos no es nuevo ni
reciente. En este mismo blog ya tuve ocasión de escribir sobre el por qué un político debe tener sueldo. Mucho antes –en 1809- y con más erudición, Álvaro Flórez Estrada, redactando un
proyecto de Constitución, más radical que el que luego aprobaron las Cortes de
Cádiz, vaciló –al tratar representación política- entre la participación
general para la elección de diputados a Cortes, y la restricción de que los “los vocales de los congresos provinciales no
disfrutan de sueldo alguno. Por este medio se logrará, sin chocar con ninguna
clase, que no sean elegidos los que no tienen propiedad, y de esto mismo deben
resultar otros muchos beneficios a las costumbres que sería largo señalar”.
Esta postura, sin embargo, fue corregida en su discurso de 1811, proyectado para
ser leído en la sesión de apertura de las Cortes, en el que insistía en la participación
y representación universales.Que la dedicación a la política sea una cuestión de vocación –lo cual no es malo- no debe asentarse sobre el principio de que dada esa naturaleza, los que la ejercen deben dar ejemplo cobrando poco para ennoblecer el oficio y hacerlo de interés público. Es evidente que para alcanzar esos loables objetivos el camino es bien distinto. Porque las decisiones políticas no están relacionadas con el nivel de sueldo del diputado, sino con que su productividad pueda ser medida y evaluada, pueda ser puesta en una balanza contable lo que cuestan y el beneficio que reportan y -como consecuencia de ello- se le premie o castigue. Un político es un asalariado con dinero público y como tal debe ser tratado. Estoy a favor de contener los ingresos de los políticos, en tanto que con ello se contiene el poder del Estado. Pero también estoy a favor en que su retribución sea única, transparente, suficiente y exclusiva dado el poder que asume, la repercusión de sus decisiones y la posibilidad de que tome estas motivadas por causas ajenas a su propio cometido de representación. En resumen: minimizar el incentivo que atrae a la política gente ambiciosa de riqueza y de la dignidad que le otorga el cargo. Empero, los datos evidencian que sus salarios se encuentran en la franja baja de lo que se paga en las democracias europeas.
De igual modo, tanto en el ámbito estatal como el autonómico, las cámaras españolas son relativamente pequeñas en términos parlamentarios y están muy lejos de la conocida formula de los politólogos Rein Taagepera y Matthew Shugart para determinar la cifra de los representantes camerales, de la que no pocos países se valen: calcular la raíz cúbica de la población. Su estudio -que data de 1989- analizó las asambleas de 105 países y encontró una relación empírica entre ambas variables. La base teórica de la relación parte de un 'feedback communications model of politics' donde se asume que el diputado se comunica verticalmente con el electorado que lo eligió y horizontalmente con otros legisladores dentro de la asamblea a la que pertenece.
En este escenario la comunicación es una de las funciones más importantes de un diputado. Por medio de la comunicación con el electorado, el parlamentario lleva a cabo la tarea de representación, y mediante la comunicación con otros diputados trabaja en la de legislador. El tamaño de la asamblea afecta la capacidad de los diputados para comunicarse entre ellos o con el electorado. Una asamblea grande reduce la comunicación entre diputados y favorece la comunicación con el electorado y viceversa. En ese sentido, se necesita una asamblea con suficientes diputados para maximizar los canales de comunicación y tener un balance entre las distintas tareas como es la representación y la legislación.
Se puede argumentar -no sin razón- que los diputados no se comunican, ni con el electorado ni con sus pares y que, por lo tanto, huelga el modelo o incluso -llegando más lejos- la propia asamblea. 'Fair enough' contestaría un yankee. Quizá en vez de prestar atención a que los diputados no hacen nada, debiéramos analizar por qué no están abiertos esos canales de comunicación y por qué los diputados no cumplen con su tarea.
Por ello, el debate tiene que trascender más allá que la simple discusión sobre el costo monetario a corto plazo que significa mantener los parlamentos. Es una cuestión de regeneración democrática, de procesos de selección de selección de candidatos, de replantear los partidos políticos -modernizando sus métodos de captación, transformando su organización y sus actividades, reforzando su atractivo- para que sean más dignos de las sociedades que desean Gobernar. De ahí -como señala Moises Naím en su reciente libro 'El fin del poder'- parte la necesidad de partidos políticos más fuertes, más modernos y más democráticos, que estimulen y faciliten la participación real de los ciudadanos en el proceso político, creando nuevos mecanismos de gobernanza real. Se trata -en definitiva- de acercarnos a los ciudadanos para que ellos no se alejen de nosotros.
