Artur Mas ha hecho un Álvarez-Cascos

Cataluña y Asturias han tenido la mala suerte de compartir el destino. Sus Presidentes autonómicos decidieron escenificar su incapacidad para gestionar las competencias que conllevaba su cargo, y sometieron a sus regiones a una cita electoral anticipada tan inútil como preocupante.

Los resultados saltan a la vista: Artur Mas ha dejado a Cataluña en manos de la radicalidad. Sin entonar el más mínimo mea culpa compareció la noche electoral para decir: tomamos nota, nos sentimos obligados a gobernar estos cuatro años y si hay alguien que quiera independencia tendrá que hacerlo desde la corresponsabilidad del Gobierno de la Generalitat. CIU ya se ha dejado demasiadas plumas en la astracanada de la ensoñación de la "Cataluña independiente en Europa", y le dice a los demás que quieran continuar por ese camino que "para pescar Rodaballo, hay que mojarse el carallo". Es cierto que CIU, con Mas a la cabeza, ha ganado las elecciones. No es menos cierto que su irresponsabilidad y la radicalidad de su discurso ha abierto la peor crisis institucional de España y deja a Cataluña ingobernable en manos de ERC y con el mandato en la mano para la convocatoria del ilegal referéndum independentista. En esa circunstancias nadie gana en estas elecciones, sino que todos perdemos, Cataluña y España.

Francisco Álvarez-Cascos no quiso negociar un presupuesto regional para Asturias. Desde su posición de infalibilidad, situó al orgullo como la principal de sus prioridades y lo acentuó con la idea de que con ello se evitaba la crisis de la cual nadie podía sacar a nuestra región de otro modo. De poco sirvió solicitarle un documento inicial de negociación o de apelar a la grandeza de dejarse ayudar ante la tesitura de dejar a Asturias sin un presupuesto regional. La tarde del día en que se evidenció su enrocamiento en su posición parlamentaria minoritaria, negándose a retirar el presupuesto regional para renegociarlo, ante la presentación de tres enmiendas a la totalidad, decidió convocar elecciones anticipadas. Su irresponsabilidad devolvió el Gobierno a los socialistas, que llevan treinta años sumiendo a Asturias en la más absoluta decadencia dilapidando fondos públicos, cuyo resultado es el páramo de actividad empresarial y la galopante destrucción de empleo que asola la región. Y en esa circunstancia nadie ganó en aquellas elecciones, sino que todos perdimos, Asturias y España.

Tanto a Cataluña como a Asturias se las ha sometido a la trituradora del estado electoral permanente y las consecuencias del fracaso electoral de Mas y Cascos, en su ansia de tener permanentemente metido el dedo en el ojo del Gobierno de España, las pagamos catalanes y asturianos. La tentación de achacar estas consecuencias al modelo territorial y de financiación autonómica es en este momento el recurso fácil. Cuando se creó el modelo autonómico no se busco un modelo perfecto, ni nuestra Constitución buscó dar resueltos problemas que, en realidad, no lo estaban. En lo que si se constituyeron fue en los instrumentos de convivencia común en los que debimos avanzar, pero que algunos se ocuparon de debilitar, antes que reforzar; en aprovecharse de sus imperfecciones, antes que en trabajar por construir en el proyecto común de España. 

Por ello, tenemos que reforzar los conceptos de unidad de España, solidaridad territorial y descentralización administrativa. Y esa tarea pasa por combatir la falta de compromiso con esos conceptos de quienes utilizan arteramente el victimismos y los prejuicios hacia el Estado español, culpando a éste de los problemas que padece cada región. En ese combate está la clave de la superación de la crisis, en la aplicación de las medidas necesarias para volver a la senda del crecimiento tras años de despilfarro e imprevisión. De otro modo reflejaremos que no hemos entendido nada de lo que ha pasado.

¡Visca Catalunya espanyola!

El pasado 22 de mayo Javier Fernández intervenía en el Pleno de elección de elección del Presidente del Principado de Asturias en la Junta General. En su discurso, el ahora Presidente del Principado de Asturias, no hizo ni una sola mención a la situación territorial del Estado, ni sobre la deriva independentista que tanto desde el País Vacos como desde Cataluña venían a introducir el discurso oportunista de dos representantes autonómicos que, incapaces de gestionar sus propias competencias, decidieron centrifugar su inane gestión en la lavadora de una contienda electoral.

Ni en esa ocasión, ni en los meses posteriores, hemos oido de boca del Presidente de todos los asturianos pronunciamiento sobre ello. Oirle resulta dificil, es cierto, dado que el silencio es la seña de identidad de su mandato, fruto de que nada tiene que decir ni explicar, porque nada está haciendo. 

Como español y como asturiano -español por dos veces- espero que mi Presidente, el Presidente de todos los asturianos, se posicione claramente frente a quienes ponen en duda la continuidad del proyecto común que se llama España.

Del mismo modo que es seguidista con su partido construyendo argumentos en contra del Gobierno de España, Javier Fernández es seguidista en mantener la tibieza, reforzada por su sepulcral silencio, frente a quienes huyen de su responsabilidad planteando ahora la independencia, proyecto soberanista, o como quiera llamarse, como solución a la situación de un Estado autonómico que han colaborado a que sea inviable, paradojicamente, desde el ejercicio de las responsabilidades de Gobierno que los ciudadanos han puesto en sus manos.

Del Presidente de Asturias esperabamos un pronunciamiento sin ambajes frente a los que cada día anteponen los derechos territoriales a los de las personas y tratan de convencernos de que el principio democrático impide oponer obstaculos a la voluntad sececionista territorializada.

De Javier Fernández esperabamos rotundidad frente a los que actuan como si fueran entidades soberanas con la potestad para prohibir y censurar intentos de intervención en sus asuntos internos por parte de otros; frente a los que inventan un devenir específico y autónomo, que antepone las raices a los valores para resaltar las diferencias, incluso cuando estas son mínimas o inexistentes.

Del Gobierno de Asturias, y del partido que lo sustenta, esperabamos que se posicionase frente a quienes amenazan a España, a su Constitución y a su integridad, y pretenden hacer saltar por los aires los ideales de solidaridad e integración humana, provenientes tanto de la tradición liberal como de la socialdemócrata,  sobre los que se fundamenta nuestra nación y nuestra pertenencia a Europa.

En este tiempo de críticas a la Constitución Española, que la tachan de ambigua y denuncian sus lagunas, hay que recordar que nuestra Carta Magna no buscó dar resueltos problemas que, en realidad, no lo estaban. Lo que si hizo fue señalar el camino para su encauzamiento y la meta final. Adolfo Suárez lo expresó así: "A nadie se le impuso la autonomía, pero a todas las nacionalidades y regiones se les reconoció el derecho a acceder a ella y asumir las cuotas más altas de autogobierno".

Y es que, como también dijo Adolfo Suárez, "no hay estructura política que soporte la inseguridad jurídica derivada de catorce o quince regímenes diversos de distribución y asunción de competencias de diferentes materias. Ni hay tampoco estructura económica unitaria que aguante la parcelación artificial del espacio y del mercado a base de políticas financieras, restrictivas o de incentivación diversas". En esta posición también esperabamos al Presidente de Asturias. Pero como Vladimir y Estragon, los asturianos seguiremos esperando a nuestro particular Godot, a Javier Fernández.

El lobo, ¿especie cinegética?

Transcurren los meses y el lobo sigue llenando páginas de los periódicos por los ataques a las cabañas ganaderas, por las batidas organizadas para controlar su población y por la discusión sobre si debe declararse especie cinegética o no. La beligerancia  de algunos discursos lleva a declararlo como una plaga que, como las ratas, debe atajarse pues su presencia es -dicen- innecesaria y ha venido a alterar nuestra pacifica convivencia de los últimos cien años desequilibrando la naturaleza y usurpando, con su faceta predadora,  la labor del hombre para mantener el equilibrio de las especies. ¡Casi nada!.

La realidad es que si la población del lobo ha ido en aumento es porque en los últimos 40 años ha existido una gran migración de las personas del campo a las ciudades, y esta ausencia ha llevado a la regeneración de la vegetación natural en las antiguas zonas agrícolas y el enorme aumento de las especies que les sirven de presas a los lobos ibéricos, principalmente el corzo y el jabalí. El lobo ha evolucionado en la medida en que lo han hecho sus presas.

 

Tratar este asunto exige alejarse de posturas extremistas y evitar tanto los enamoramientos sobreprotectores de la especie como la sobrevaloración de los daños que la especie causa. El lobo es un depredador que mata para comerse una pequeña parte de lo que sacrifica, y en el camino de búsqueda de sus presas encuentra las fáciles, las cabañas de ganado cuyos daños son los que más impacto mediático tienen. Sin embargo en una estadística global, los daños que causa el lobo son, en procentaje, inferiores al índice de mortandad de las especies que sufren sus ataques. Ese porcentaje es, sin embargo, preocupante cuando lo circunscribimos a un sólo productor ganadero: que el ataque de un lobo merme un 20% las reses de un sólo ganadero es una tragedia para un sector ya de por sí castigado por la situación de crisis que vivimos.

 

Pero el lobo no sólo ataca al ganado, también ataca a las especies protegidas, y son muchos los cotos de caza que sufren sus ataques y sus daños, aunque no son tan mediáticamente relevantes, también son cuantiosos para los cazadores que mantienen esas poblaciones de corzos y jabalíes.

 

Por ello, defender como solución la declaración del lobo como especie cinegética es confundir. Los lobos seguirán causando daños y habrá que seguir pagándolos. Como habrá que seguir pagando los daños de los perros asilvestrados. Y la cuestión es que cuando pagase la administración todos los ataques serían de perros asilvestrados, y cuando pagase el cazador, todos los ataques serían de lobos. La cosa cambia ¿verdad?. Además hay que tener en cuenta los costes de la caza: en un aguardo entre la reserva del precinto, el abate, los cebos y el guía sumarían 3.400 euros por cada ejemplar. ¿Cuantas ovejas y cuantas vacas podrían indemnizarse con ese dinero? Trasladar la obligatoriedad de las indemnizaciones al colectivo social de la caza tendría efectos determinantes negativos cifrados en cuantía económica, para algunas de las sociedades locales de cazadores que registran en sus terrenos de caza la mayor presencia de este cánido. ¿Que se pretende convertir al lobo en un negocio para la administración y trasladar los gastos de sus daños a los cazadores?. Proque eso es, ni mas ni menos, el resultado de declarar al lobo especie cinegética.

 

La solución no pasa por medidas radicales y aisladas. Y como no nos podemos permitir no convivir con el lobo, dado que existe una normativa europea y nacional que nos obliga a ello, las medidas a aplicar tienen que recaer en establecer una compatibilización, donde el centro de atención sea el ganadero -sobre el que tienen que focalizarse las medidas protectoras sobre sus explotaciones- y donde el lobo esté integrado en ecosistemas, como los que disponemos en toda la península ibérica, que tienen buena salud y equilibro. Ese territorio será tanto más sostenible cuanto más se ponga el valor la compatibilidad entre el ganadero, el cazador y el lobo. Medidas que pasan por circunscribir el habitat del lobo a espacios protegidos donde se les garantice la alimentación y que pasan, también, por la dotación y apoyo a medidas disuasorias de ataques al ganado, tales como pastores, arneses, zonas de recogida de ganado, etc; que minimicen el daño al mundo rural.