Asturias, sociedad y valores. Mi proyecto para el Partido Popular

La presentación de mi candidatura a la Presidencia del Partido Popular de Asturias responde a un larga reflexión compartida con amigos y militantes de toda Asturias y de diferentes lugares de España. Como todos los afiliados y simpatizantes he vivido con mucho dolor las diferentes crisis internas que nos han apartado de la sociedad asturiana y de la evolución que el Partido Popular ha tenido en toda España.

Me presento porque no me resigno a que el Partido Popular sea la tercera fuerza política en Asturias; no me resigno a no presentar una alternativa real a los asturianos, con políticas nuevas y diferentes a las fórmulas ya agotadas. No me resigno a una Asturias del paro y agotada por una administración incapaz de dinamizar la resignación.

No me resigno a un Partido Popular paralizado, sin vida interna o reducida sólo al momento en que se ocupan cargos de responsabilidad; ensimismado en sus problemas internos y en el que los equipos y los métodos de trabajo hace tiempo que dieron todo lo que podían dar de sí.

Me presento porque quiero un Partido Popular donde todas las juntas locales cuenten; donde todos los afiliados sepan que su voz será escuchada y sus derechos respetados.

Un proyecto de rehabilitación ciudadana de nuestro partido, de regeneración y renovación de equipos y sistemas de trabajo, de apertura del PP a la sociedad asturiana, para mirar hacia el futuro, desde la posición en la que nos han colocado las urnas, y hacer creíble nuestro proyecto para optar a obtener el respaldo mayoritario de los asturianos.

Con “Asturias, sociedad y valores” expresamos una idea, definimos tres principios básicos que se pueden enmarcar dentro de nuestro referente político.

Sociedad y valores es el título de uno de los últimos libros escritos por Don Manuel Fraga. De esta manera rendimos un homenaje al fundador del Partido Popular, demostrando que buscamos la continuidad de nuestro proyecto político desde la continua renovación. Al tiempo, sociedad y valores define aspectos fundamentales para el Partido Popular. El PP es un proyecto político que busca dirigirse a toda la sociedad, que, por sus raíces liberales, aspira a  que esta se desarrolle y crezca frente a los límites que siempre tiende a poner el socialista, bien de izquierdas o de derechas.

Por último, con valores se quiere expresar que nuestras propuestas responden a unos principios expuestos en el ideario del Partido Popular (humanismo cristiano, liberalismo y reformismo) y no a las ocurrencias de una o varias personas.

Me presento en el ejercicio de la democracia interna, algo propio de la mejor tradición democrática liberal que políticamente me inspira. Me presento porque quiero trabajar por una Asturias mejor, por un mejor Partido Popular y por mi país.

Soy consciente de las dificultades del reto que me propongo. Este camino no podré hacerlo solo, sino con el apoyo de todos los militantes y simpatizantes del PP. Ahora viviremos nuestro momento de debate, el día 4 de noviembre comenzará la época de trabajo, donde yo estaré allá donde me pongan los votos de los compromisarios.

Si logro ser el nuevo presidente del Partido Popular me comprometo a trabajar para que la elección del próximo candidato a la presidencia del Principado de Asturias, a las alcaldías de los 78 concejos así como los cabezas de lista en las elecciones para el Senado y el Congreso sea a través de un sistema de primarias.

Si obtengo el respaldo mayoritario en el Congreso, me comprometo a permanecer en el cargo un máximo de ocho años e introducir en los estatutos autonómicos una limitación de dos mandatos para los cargos autonómicos.

Me comprometo a celebrar antes de las próximas elecciones autonómicas sendas convenciones que nos permitan enriquecer, con la propuestas de todos los afiliados, las ponencias marco de este Congreso, y abiertas a la sociedad civil asturiana.

Y me comprometo a que, antes de las próximas elecciones autonómicas, compareceré en un nuevo congreso regional para dar cuenta de mi gestión y del cumplimiento de mis palabras.

Por estos motivos desde hoy reclamaré el apoyo de todos los compromisarios y afiliados del Partido Popular.

Quizá a alguno le asusten los cambios, a mi me asusta más vivir en lo mismo.

¿Por qué un político debe tener sueldo?

¿Porqué un político debe tener sueldo?. Asistimos cada comienzo de legislatura a este debate que se hace público y que provoca no pocas tertulias entre la población. Creo que a nadie le cabe duda que los cargos públicos deben tener un sueldo y que, como le pasa a todo hijo de vecino, debe ganárselo. Es indudable que si una persona asume tal responsabilidad, debe tener un sueldo digno, que merece cualquier persona del mundo que trabaja todos los días y que está en un puesto de cierta importancia. Y ello porque el político con vocación no sólo esta entre los ricos, los jubilados, los funcionarios, los que no tienen oficio conocido o que no lo ejercen a pesar de que perciben contraprestación por ello, sino que está también, entre aquellos que trabajan y que viven de su trabajo y que carecen de horas para ejercicio de cargo público, asuntos propios, cifras con muchos ceros en el banco o mucho tiempo libre. Nos hemos acostumbrado a elegir a los que más tiempo tienen en detrimento de los mejores. 

El político debe tener sueldo. Un sueldo digno, como el que percibe cualquier persona que trabaja y que tiene necesidades que satisfacer. Pero también, y por tratarse de servidores del pueblo, elegidos por el pueblo y responsables del bien común del pueblo, deben asumir un compromiso de trabajo a cambio de ese sueldo. Un compromiso de los mejores que ofrezca un camino, un proyecto, y no limitarse a decir al pueblo lo que quiere oír; que trabajen en la política y no que vivan de la política. En definitiva, asumir el mandato ciudadano de gobernar, y de hacer oposición también, no sólo para realizar una mera y automática ejecución de la ley, sino para dirigir la comunidad política en orden al bien común.

¿Cuánto sueldo debe tener un político?. No cabe duda que el cargo público asume una alta responsabilidad, ejecutiva, legislativa, representativa y legal del pueblo y para el pueblo. Por ello, la cuestión está en determinar donde se acaba la dignidad del sueldo, que se propugna en estas líneas para el político, y donde empieza la inmoralidad de ese sueldo que percibe. Salario digno esta en el que político perciba en su trabajo de la "vida civil". Ni un euro más. La inmoralidad empieza cuando uno, por dedicarse a la política, triplica su salario, se sube el sueldo por encima de lo que sube el del común de los mortales o se equipara al funcionario de mas rango de la administración a la que representa. Esto no es caro ni barato, como algunos quieren hacernos ver, es una inmoralidad.

Funcionarios para el presente y para el futuro

En las dos anteriores entradas de este blog hago referencia a la necesidad de una reforma en la administración que contemple la profesionalización de la función pública, para que sea mas independiente y que se adapte a los cambios de presente y futuro que los servicios públicos deban afrontar.

Asturias se enfrenta estos días a las protestas de los funcionarios de la educación y la sanidad, derivadas de los ajustes que son necesarios efectuar para corregir el desfase del déficit y deuda que arrastra las arcas del Principado.

Lejos de ser ajustes temporales, para salvar los muebles y cumplir el objetivo del déficit marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero, las modificaciones y ajustes de la función pública deben tener vocación de permanencia. La administración tiene que aspirar a prestar los servicios públicos con un nivel adecuado de eficiencia. Alguien podrá decir que no existe -o aún no se ha inventado- un sistema para optimizar las organizaciones administrativas. Bien, desde luego lo que podemos asegurar es que aumentar sin límite los recursos destinados a un servicio público no es la garantía ni de su eficiencia ni del mantenimiento de los derechos de los ciudadanos asociados a ese servicio público. Porque lo que si se sabe es que existe un umbral a partir del cual más recursos no implican necesariamente mejores resultados, y ese es el momento en que hay que reducir el presupuesto asignado. ¿Cuanto hay que reducir?. Hasta el punto en el que falla por una evidente falta de recursos.

Y lo que si ha quedado demostrado después de años de gestión, basados en la inyección sin límite de recursos, es que nuestra administración autonómica ha sobrepasado ese umbral a partir del cual se supera la cantidad óptima de gente para prestar un servicio público. 

No critico a los que ahora protestan por defender su puesto de trabajo, critico a los que teniendo las responsabilidad de gestionar los recursos públicos puestos en sus manos por los ciudadanos, se guiaron por el camino del despilfarro y la ineficiencia a la sombra de la teoría de que un mayor número de funcionarios asignados a un servicio público garantizaba un óptimo funcionamiento y la garantía de los derechos de los ciudadanos asociados a ese servicios. Critico a los que siguen defendiendo de manera populista ese postulado, mientras escurren su responsabilidad y la derivan a los que han venido a poner orden y sensatez a semejante desaguisado, modernizando el cuerpo funcionarial, dotándolo de mas eficiencia, de más transparencia, de más democracia, optimizando los recursos, interviniendo menos y respetando más la libertad de los ciudadanos, considerando al administrado como un cliente y servirle como tal.

Cent Jours

Se cumplen hoy los primeros cien días desde la toma de posesión del Gobierno de Asturias encabezado por el socialista Javier Fernández. Cien días tan decepcionantes como los once meses anteriores y los cien primeros días del breve (por voluntad propia) Gobierno de Foro Asturias.

Los caprichos de la Historia, y de alguno de sus actores,  han querido que lo vivido en Asturias en el último año y medio tenga un paralelismo con los once meses de retiro de Napoleón en la Isla de Elba observando los acontencimientos en Francia y los Cent-Jours que siguieron a ese retiro, conocidos más popularmente como la Campaña de Waterloo. Al Waterloo asturiano le quedan aún 1089 días. A la vista de los cien anteriores, no se vislumbra que este Gobierno abandone su resistencia a asumir su responsabilidad de gobernar y deje de hacer oposición al Gobierno de España.

Fuera de la anecdota histórica, el final de este período, que la tradición pide para cualquier nuevo ejecutivo para asentarse y presentar sus proyectos, coincide con la publicación de los datos del desempleo correspondientes al mes de agosto. La cifra de 93.943 desempleados confirma la alarmante situación en la que se encuentra Asturias, situada a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor crecimientos del desempleo en tasa interanual y en cifras record no alcanzadas ni en plena recoversión industrial.

A la profunda crisis que está viviendo nuestra región se ha unido el hecho que se han perdido mas de un año y medio (al que hemos dedicado doscientos dias a periodos de gracia) sin que ninguno de los dos  Gobiernos que hemos tenido haya presentado ante la Junta General del Principado de Asturias ni una sola propuesta para ejercer sus competencias y desarrollar políticas generadoras de actividad empresarial y de creación de empleo, demostrando que ni tienen soluciones a los problemas de nuestra región ni saben como afrontarlos.

Nadie se ha acordado de los emprendedores, de favorecer su establecimiento y consolidación, de reducirles las cargas administrativas y de coordinar las políticas y servicios de apoyos a PYMES y empresas, de facilitarles el acceso al crédito, de mejorar su capacitación, de establecer un sistema de validación y calificación de proyectos con base tecnológica para facilitarles el acceso a su financiación, de establecer y potenciar instrumentos de internacionalización y de sensibilizar y promover la creación y consolidación empresarial desde la escuela hasta la Universidad, introduciendo en los decretos de desarrollo curricular contenidos relacionados con los emprendedores en todos los niveles.

Una cuestión tan fundamental como la transformación y modernización de la Administración ha sido tratado exclusivamente como elemento negociador para alcanzar mayorías parlamentarias. Ahí se ha quedado, en una declaración de intenciones que en cien días no ha avanzado hacia el diseño de una función pública imparcial y de calidad y una nueva política de recursos humanos, a la asignación de los recursos disponibles a las auténticas prioridades con un riguroso control del gasto y acompañado de sistemas eficaces de medición de los recursos empleados y los resultados obtenidos. No se han hecho absolutamente nada por avanzar en la transparencia, en reforzar los controles previos y las responsabilidades exigibles y en mejorar la rendición de cuentas, en la reducción de costes, trámites y plazos.

No se han tomado las medidas necesarias para delimitar un reparto coherente de las competencias entre las distintas administraciones (local, regional y nacional) de forma que se eviten las duplicidades actuales, determinando a quien corresponde asumir la gestión y financiación de los diferentes servicios y con ello se posibilitará el mantenimiento de los servicios públicos con una reforma del régimen jurídico y financiero, para conseguir una administración menos burocratizada y que cada servicio público esté a cargo de la Administración que acredite ser mas eficiente en cada uno de los casos. Todo parece indicar que estaremos otra legislatura más (y fue un compromiso del primer Gobierno del socialista Álvarez-Areces) dando vuelta al asunto de la duplicidad de competencias y la financiación.

Quedan 1089 de legislatura para enderezar el rumbo, para asumir el principio de responsabilidad general sobre el bienestar de la comunidad que, vistos los cien días que los han precedido, parece que no se está dispuesto a asumir por parte de un Gobierno decidido a que no pase por el caliz de tener que sacarnos de la cienaga de doce años de socialismo en Asturias. 

La Administración, una reforma en marcha

El primer post de este blog lo dedique, hace ya cuatro meses, a exponer mi visión sobre la propuesta de fusión de Ayuntamientos en el marco de los acuerdos entre el PSOE y UPyD para que Javier Fernández fuese investido Presidente del Principado de Asturias.

Manifiesto en ese post mis dudas sobre dicha propuesta de fusión, planteando como alternativa la consecución de un modelo de Ayuntamientos con estructuras reducidas y simplificadas, que faciliten el desarrollo económico y social, que colaboren con el resto de las Administraciones en la prestación de servicios integrados, y sobre todo, que permita colocar a los ciudadanos en el centro de su actuación y que permita un margen suficiente para el establecimiento de políticas propias. Ayuntamientos donde se de un nuevo impulso a la democracia y la transparencia. Os invito a releerlo.

La reforma de la Administración no es un asunto que se deba elegir, sino que es algo que está impuesto a corto y medio plazo. Debemos entender la política como un trabajo al servicio de la sociedad y, por lo tanto, las expresiones prácticas deben adaptarse a esa realidad siempre que no sean efectivas. Trazar grandes líneas para el municipalismo es complejo y debe ir más allá de eliminar o fusionar Ayuntamientos. La administración local es eficaz. Todos los que hemos estado implicados en ella lo sabemos. Pero, ahora, el reto, es ser eficiente. Y, en ese camino la reforma de nuestra Administración Pública, que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha con el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional del Estatal, el Plan de Pago a Proveedores y la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, deben abarcar todos los niveles: el estatal, el autonómico y el municipal.

Hay que replantear el modelo de gestión presupuestaria. ¿Por qué no utilizar la contabilidad financiera, analítica o de costes?. Necesitamos una cuenta de resultados para determinar la eficiencia de las políticas públicas ante la innegable situación de que los recursos son cada vez más escasos.

Hay que introducir en la gestión pública la cultura de la evaluación que ayude a tomar decisiones de continuidad, reducción, ampliación o eliminación de los servicios públicos. Debe darse cuenta a los ciudadanos de en que se invierte su dinero. La evaluación y la transparencia deben ser los pilares básicos de una nueva Administración. Deben medirse los resultados generados y asociarlos a su coste y debe fomentarse un uso responsable de los servicios públicos. 

Hay que reordenar las competencias. No toda entidad con poder político tienen por qué tener capacidad presupuestaria y administrativa. La convergencia hacia un modelo de gestión unificada pasa por la complementariedad entre administraciones y la agregación territorial en el diseño de los servicios públicos. Por ello es necesario acabar con las duplicidades, no sólo entre niveles administrativos (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) sino también dentro de cada nivel (fundaciones, empresas públicas y entes autónomos).

Hay que redefinir el catálogo de servicios públicos y definir nuevos modelos de organización donde los servicios de gestión sean compartidos entre departamentos. Hay que aligerar las tareas de los procesos administrativos, reducir burocracia y papeleo e instaurar el uso generalizado de las nuevas tecnologías para conseguir un modelo de prestación de servicios públicos más flexible, rápido y menos costoso.

Unos servicios públicos flexibles exigen una función pública flexible que permita adaptarse a cambios en la gestión o a la asunción de nuevos retos: necesitamos directivos públicos y gestores públicos. No se trata de funcionarizar la política, sino de profesionalizar la función pública en un proceso constante de formación y reciclaje, de acuerdo con las necesidades que en cada momento se demande.

Todas las Comunidades Autónomas han querido ser un Estado y cada Ayuntamiento ha querido ser una Comunidad Autónoma. Hay que acabar con el minifundismo de los servicios públicos, en especial el tributario. El criterio de la cercanía al ciudadano, como elemento determinante para el establecimiento de un servicio, ha fomentado ese minifundismo y lo único que ha logrado es alejar a los prestadores de los servicios de los beneficiarios. Es necesario, por tanto, instaurar la planificación estratégica, como norma de funcionamiento. Una planificación que tome como base un territorio e involucre a todos los niveles administrativos.

En definitiva, y como dije al principio, una Administración centrada en la atención a los ciudadanos.

Por la recuperación de un sector comercial competitivo

Con el descenso de ventas y empleo del mes de julio del comercio minorista, el sector en Asturias acumula veinticinco meses de caída que ponen en evidencia el fracaso de todas las medidas tomadas por el Gobierno regional para incentivar el sector.

La política llevada a cabo por los Gobiernos socialistas en Asturias ha estado guiada por la máxima de presentarse como única y exclusiva solución benefactora cuando surgen los problemas, para ejercer, en último extremo, el control por acumulación sobre la sociedad en general.

Como un fracaso han de computarse las medidas proteccionistas ejercidas contra las grandes superficies, tanto en la limitación de su implantación como en la libertad de horarios, vendiéndolo como una medida de apoyo al pequeño comercio. El tiempo ha dado la razón a quienes defendieron que el proteccionismo y la restricción de la competencia en nada iban a favorecer a un sector que no necesitaba a la administración custodia, sino a una administración favorecedora de la actividad empresarial que permitiese a las empresas reciclarse, modernizarse y ser competitivas. Y ello ha llevado al sector al declive más absoluto.

Porque evidenciado el fracaso del proteccionismo, la administración socialista  no quiso desprenderse de esa potestad de control ni reconocer su fracaso, y optó por subsidiar a un sector que ya agonizaba con la carga de la mordaza de la regulación.  El mismo Gobierno que regulaba el sector, lo subvencionaba ahora para mantenerlo.

Ese doble error (el proteccionismo y su posterior mantenimiento subsidiado dotado de la correspondiente burocracia) ha llevado a convertir la subvención en una obligación ineludible, en vez de una ayuda puntual, para el empresario del pequeño comercio, que año tras año espera como agua de mayo la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria de ayudas anuales que le permita subsistir un año más. De este modo, las políticas socialistas sobre el comercio (y sobre otros sectores) han creado un sistema cíclico que necesita alimentarse para dar su siguiente giro, como un motor de explosión, alimentado por una gasolina (la subvención), que mueve un coche que nos lleva por la autopista en sentido contrario al debido, cual es el de la simplificación administrativa y la libertad de horarios, asi como la autofinanciación a través de estímulos fiscales que permitan al sector comercial mayor especialización y competitividad para poder ejercer libremente su actividad empresarial.

La sinrazón de que Asturias no acuda al Fondo de Liquidez Autonómico

Termina una semana más y seguimos sin noticias de como el Gobierno socialista de Asturias va a financiar los 423 millones de euros que el Parlamento regional habilitó a través de una Ley de endeudamiento para poder cerrar las cuentas del ejercicio 2012. Sigue empecinado el Ejecutivo asturiano en mostrar su convencimiento de que logrará la financiación necesaria por parte de la entidades bancarias para refinanciar la deuda que vence antes del 31 de diciembre y cumplir así con el objetivo del déficit fijado por el Gobierno de España y acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno socialista sigue tapándose los ojos ante la evidencia de que los mercados financieros están cerrados para la financiación de la deuda de las Comunidades Autónomas. La solicitud efectuada esta semana por la Generalitat de Catalunya para acogerse a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deja desarmado de argumentos al ejecutivo asturiano, que sigue en un discurso de autonomistas de campanario cuyo único cometido es hacer oposición al Gobierno de Rajoy. ¿Y Asturias que?.

Y es que unido al sinsentido de buscar en unos mercados financieros cerrados una financiación que no está disponible, está el hecho de que el FLA fue creado por el Gobierno de España con unas condiciones financieras muy favorables e imposibles de encontrar actualmente, por su bajo coste, en el mercado bancario. Por no querer dar explicaciones de la deuda que mantiene el Principado, este Gobierno está dispuesto a incrementarla con unos tipos de interés más elevados que los que ofrece el FLA a las Comunidades Autónomas que soliciten su ayuda financiera.

Pero lo más absurdo de la posición que mantiene el Gobierno del Principado, al no querer acudir al FLA y negociar con entidades bancarias la refinanciación del déficit y el vencimiento de la deuda, es que supone restar recursos de crédito bancario que deben estar a disposición de autónomos y PYMES. El PSOE no entiende que el crédito debe estar a disposición de la economía productiva, no de las administraciones públicas. Pero es difícil que entienda esta situación cuando ni tan siquiera ha logrado que una sola de las medidas de diversificación económica de la región que ha puesto en marcha en los últimos doce años, en que ha ostentado el Gobierno, haya tenido un resultado positivo. En lo que si puso todo su empeño fue en dedicarse a incrementar la deuda del Principado copando crédito bancario en su carrera sinsentido del grandonismo y el sobrecoste.