Unos presupuestos fallidos

Transcurre en esta mañana del día de los Santos Inocentes en la Junta General  del Principado de Asturias el debate de enmiendas para aprobar los presupuestos para el año 2013. La distribución de las fuerzas parlamentarias augura que al terminar la sesión, la unión del tripartito PSOE-IU-UPyD logrará la aprobación de unas cuentas que, por concitar el apoyo mayoritario, no dejan de ser fallidas para nuestra región.

 

Son unos presupuestos que renuncian a combatir la crisis económica y financiera en que nos hallamos, además de incrementar un año más de forma injustificada la presión fiscal. Unos presupuestos que dedican 2,5 veces más de recursos a la deuda (392 millones) que a estimular la economía y el empleo (150 millones). Unos recursos donde la inversión real (364 millones) también es inferior a lo presupuestado a la deuda, cuyos intereses crecen  desde los 97 millones actuales a los 167 presupuestados para 2013.

 

Son unos presupuestos que renuncian a la disciplina presupuestaria, a la eliminación de duplicidades y solapamientos y a establecer medidas de racionalización del sector público que garanticen la viabilidad de las cuentas de nuestra región y permitan dedicar los recursos públicos a las necesidades reales de Asturias.

 

Son unos presupuestos que se han construido para seguir manteniendo el entramado administrativo que durante treinta años han tejido los sucesivos gobiernos de la izquierda en nuestra región y al que no están dispuestos a renunciar; y para cuyo mantenimiento aplican recortes a la educación y la sanidad, sin rubor y, por descontado, culpando a Rajoy de todos los males. Asturias tiene un Gobierno que, casi seis meses después de su constitución, no ha empezado a gobernar y se limita a buscar culpables de su inactividad fuera de la región, dedicándose en exclusiva a hacer oposición al Gobierno de España. Y la casa sin barrer.

 

Cuando se elabora un presupuesto uno debe pensar que sólo en función de los ingresos se puede definir lo que puedo gastar. El Gobierno socialista de Asturias sigue haciéndolo al revés. De ahí a gastar más de lo que se ingresa solo hay un pequeño paso. Claro ejemplo de ello es ver como, no llegando los ingresos para cubrir los gastos presupuestados, se saca de la manga el "impuesto a la banca" al grito de "¡atenme ustedes por el rabo la unidad de mercado, la armonización fiscal y la unión bancaria europea!". El mensaje tranquilizador es más preocupante que la propia técnica fiscal: "este impuesto no repercutirá en los ciudadanos". Sería el primer caso en el historia.

 

Si todo esto, como decía, es preocupante, la mayor inquietud nos asalta al determinar para que sirven estos presupuestos. La realidad es más dura, si cabe, que las cifras escritas en el papel que todo lo aguanta: estas cuentas regionales sirven para dar continuidad a treinta años de políticas fracasadas que nos han traído hasta aquí; las políticas que no han logrado paliar el desempleo, las políticas que no han activado la economía, las que han sido incapaces de establecer un programa industrial para la región, las políticas que se han limitado a co-financiar programas europeos para la agricultura y ganadería y no han generado ni un sólo programa propio. Las políticas, en fin, que no han sacado a Asturias del letargo del subsidio, el sueño de la pre-jubilación y la cultura del mínimo esfuerzo.

 

Hace unos días el portavoz de UPyD en la Junta General calificaba de "suicidio" la expectativa de una prórroga presupuestaria. El verdadero suicidio de esta región es seguir en lo mismo, en la resignación y el deterioro de una región sin iniciativa ni liderazgo político. Una región que se conforma con formulas agotadas que nos han llevado a la Asturias del paro, de la mano de una administración socialista incapaz de dinamizar la reversión del lento declive de nuestra región, que cuenta cada vez menos en el conjunto de España.

Artur Mas ha hecho un Álvarez-Cascos

Cataluña y Asturias han tenido la mala suerte de compartir el destino. Sus Presidentes autonómicos decidieron escenificar su incapacidad para gestionar las competencias que conllevaba su cargo, y sometieron a sus regiones a una cita electoral anticipada tan inútil como preocupante.

Los resultados saltan a la vista: Artur Mas ha dejado a Cataluña en manos de la radicalidad. Sin entonar el más mínimo mea culpa compareció la noche electoral para decir: tomamos nota, nos sentimos obligados a gobernar estos cuatro años y si hay alguien que quiera independencia tendrá que hacerlo desde la corresponsabilidad del Gobierno de la Generalitat. CIU ya se ha dejado demasiadas plumas en la astracanada de la ensoñación de la "Cataluña independiente en Europa", y le dice a los demás que quieran continuar por ese camino que "para pescar Rodaballo, hay que mojarse el carallo". Es cierto que CIU, con Mas a la cabeza, ha ganado las elecciones. No es menos cierto que su irresponsabilidad y la radicalidad de su discurso ha abierto la peor crisis institucional de España y deja a Cataluña ingobernable en manos de ERC y con el mandato en la mano para la convocatoria del ilegal referéndum independentista. En esa circunstancias nadie gana en estas elecciones, sino que todos perdemos, Cataluña y España.

Francisco Álvarez-Cascos no quiso negociar un presupuesto regional para Asturias. Desde su posición de infalibilidad, situó al orgullo como la principal de sus prioridades y lo acentuó con la idea de que con ello se evitaba la crisis de la cual nadie podía sacar a nuestra región de otro modo. De poco sirvió solicitarle un documento inicial de negociación o de apelar a la grandeza de dejarse ayudar ante la tesitura de dejar a Asturias sin un presupuesto regional. La tarde del día en que se evidenció su enrocamiento en su posición parlamentaria minoritaria, negándose a retirar el presupuesto regional para renegociarlo, ante la presentación de tres enmiendas a la totalidad, decidió convocar elecciones anticipadas. Su irresponsabilidad devolvió el Gobierno a los socialistas, que llevan treinta años sumiendo a Asturias en la más absoluta decadencia dilapidando fondos públicos, cuyo resultado es el páramo de actividad empresarial y la galopante destrucción de empleo que asola la región. Y en esa circunstancia nadie ganó en aquellas elecciones, sino que todos perdimos, Asturias y España.

Tanto a Cataluña como a Asturias se las ha sometido a la trituradora del estado electoral permanente y las consecuencias del fracaso electoral de Mas y Cascos, en su ansia de tener permanentemente metido el dedo en el ojo del Gobierno de España, las pagamos catalanes y asturianos. La tentación de achacar estas consecuencias al modelo territorial y de financiación autonómica es en este momento el recurso fácil. Cuando se creó el modelo autonómico no se busco un modelo perfecto, ni nuestra Constitución buscó dar resueltos problemas que, en realidad, no lo estaban. En lo que si se constituyeron fue en los instrumentos de convivencia común en los que debimos avanzar, pero que algunos se ocuparon de debilitar, antes que reforzar; en aprovecharse de sus imperfecciones, antes que en trabajar por construir en el proyecto común de España. 

Por ello, tenemos que reforzar los conceptos de unidad de España, solidaridad territorial y descentralización administrativa. Y esa tarea pasa por combatir la falta de compromiso con esos conceptos de quienes utilizan arteramente el victimismos y los prejuicios hacia el Estado español, culpando a éste de los problemas que padece cada región. En ese combate está la clave de la superación de la crisis, en la aplicación de las medidas necesarias para volver a la senda del crecimiento tras años de despilfarro e imprevisión. De otro modo reflejaremos que no hemos entendido nada de lo que ha pasado.

¡Visca Catalunya espanyola!

El pasado 22 de mayo Javier Fernández intervenía en el Pleno de elección de elección del Presidente del Principado de Asturias en la Junta General. En su discurso, el ahora Presidente del Principado de Asturias, no hizo ni una sola mención a la situación territorial del Estado, ni sobre la deriva independentista que tanto desde el País Vacos como desde Cataluña venían a introducir el discurso oportunista de dos representantes autonómicos que, incapaces de gestionar sus propias competencias, decidieron centrifugar su inane gestión en la lavadora de una contienda electoral.

Ni en esa ocasión, ni en los meses posteriores, hemos oido de boca del Presidente de todos los asturianos pronunciamiento sobre ello. Oirle resulta dificil, es cierto, dado que el silencio es la seña de identidad de su mandato, fruto de que nada tiene que decir ni explicar, porque nada está haciendo. 

Como español y como asturiano -español por dos veces- espero que mi Presidente, el Presidente de todos los asturianos, se posicione claramente frente a quienes ponen en duda la continuidad del proyecto común que se llama España.

Del mismo modo que es seguidista con su partido construyendo argumentos en contra del Gobierno de España, Javier Fernández es seguidista en mantener la tibieza, reforzada por su sepulcral silencio, frente a quienes huyen de su responsabilidad planteando ahora la independencia, proyecto soberanista, o como quiera llamarse, como solución a la situación de un Estado autonómico que han colaborado a que sea inviable, paradojicamente, desde el ejercicio de las responsabilidades de Gobierno que los ciudadanos han puesto en sus manos.

Del Presidente de Asturias esperabamos un pronunciamiento sin ambajes frente a los que cada día anteponen los derechos territoriales a los de las personas y tratan de convencernos de que el principio democrático impide oponer obstaculos a la voluntad sececionista territorializada.

De Javier Fernández esperabamos rotundidad frente a los que actuan como si fueran entidades soberanas con la potestad para prohibir y censurar intentos de intervención en sus asuntos internos por parte de otros; frente a los que inventan un devenir específico y autónomo, que antepone las raices a los valores para resaltar las diferencias, incluso cuando estas son mínimas o inexistentes.

Del Gobierno de Asturias, y del partido que lo sustenta, esperabamos que se posicionase frente a quienes amenazan a España, a su Constitución y a su integridad, y pretenden hacer saltar por los aires los ideales de solidaridad e integración humana, provenientes tanto de la tradición liberal como de la socialdemócrata,  sobre los que se fundamenta nuestra nación y nuestra pertenencia a Europa.

En este tiempo de críticas a la Constitución Española, que la tachan de ambigua y denuncian sus lagunas, hay que recordar que nuestra Carta Magna no buscó dar resueltos problemas que, en realidad, no lo estaban. Lo que si hizo fue señalar el camino para su encauzamiento y la meta final. Adolfo Suárez lo expresó así: "A nadie se le impuso la autonomía, pero a todas las nacionalidades y regiones se les reconoció el derecho a acceder a ella y asumir las cuotas más altas de autogobierno".

Y es que, como también dijo Adolfo Suárez, "no hay estructura política que soporte la inseguridad jurídica derivada de catorce o quince regímenes diversos de distribución y asunción de competencias de diferentes materias. Ni hay tampoco estructura económica unitaria que aguante la parcelación artificial del espacio y del mercado a base de políticas financieras, restrictivas o de incentivación diversas". En esta posición también esperabamos al Presidente de Asturias. Pero como Vladimir y Estragon, los asturianos seguiremos esperando a nuestro particular Godot, a Javier Fernández.

El lobo, ¿especie cinegética?

Transcurren los meses y el lobo sigue llenando páginas de los periódicos por los ataques a las cabañas ganaderas, por las batidas organizadas para controlar su población y por la discusión sobre si debe declararse especie cinegética o no. La beligerancia  de algunos discursos lleva a declararlo como una plaga que, como las ratas, debe atajarse pues su presencia es -dicen- innecesaria y ha venido a alterar nuestra pacifica convivencia de los últimos cien años desequilibrando la naturaleza y usurpando, con su faceta predadora,  la labor del hombre para mantener el equilibrio de las especies. ¡Casi nada!.

La realidad es que si la población del lobo ha ido en aumento es porque en los últimos 40 años ha existido una gran migración de las personas del campo a las ciudades, y esta ausencia ha llevado a la regeneración de la vegetación natural en las antiguas zonas agrícolas y el enorme aumento de las especies que les sirven de presas a los lobos ibéricos, principalmente el corzo y el jabalí. El lobo ha evolucionado en la medida en que lo han hecho sus presas.

 

Tratar este asunto exige alejarse de posturas extremistas y evitar tanto los enamoramientos sobreprotectores de la especie como la sobrevaloración de los daños que la especie causa. El lobo es un depredador que mata para comerse una pequeña parte de lo que sacrifica, y en el camino de búsqueda de sus presas encuentra las fáciles, las cabañas de ganado cuyos daños son los que más impacto mediático tienen. Sin embargo en una estadística global, los daños que causa el lobo son, en procentaje, inferiores al índice de mortandad de las especies que sufren sus ataques. Ese porcentaje es, sin embargo, preocupante cuando lo circunscribimos a un sólo productor ganadero: que el ataque de un lobo merme un 20% las reses de un sólo ganadero es una tragedia para un sector ya de por sí castigado por la situación de crisis que vivimos.

 

Pero el lobo no sólo ataca al ganado, también ataca a las especies protegidas, y son muchos los cotos de caza que sufren sus ataques y sus daños, aunque no son tan mediáticamente relevantes, también son cuantiosos para los cazadores que mantienen esas poblaciones de corzos y jabalíes.

 

Por ello, defender como solución la declaración del lobo como especie cinegética es confundir. Los lobos seguirán causando daños y habrá que seguir pagándolos. Como habrá que seguir pagando los daños de los perros asilvestrados. Y la cuestión es que cuando pagase la administración todos los ataques serían de perros asilvestrados, y cuando pagase el cazador, todos los ataques serían de lobos. La cosa cambia ¿verdad?. Además hay que tener en cuenta los costes de la caza: en un aguardo entre la reserva del precinto, el abate, los cebos y el guía sumarían 3.400 euros por cada ejemplar. ¿Cuantas ovejas y cuantas vacas podrían indemnizarse con ese dinero? Trasladar la obligatoriedad de las indemnizaciones al colectivo social de la caza tendría efectos determinantes negativos cifrados en cuantía económica, para algunas de las sociedades locales de cazadores que registran en sus terrenos de caza la mayor presencia de este cánido. ¿Que se pretende convertir al lobo en un negocio para la administración y trasladar los gastos de sus daños a los cazadores?. Proque eso es, ni mas ni menos, el resultado de declarar al lobo especie cinegética.

 

La solución no pasa por medidas radicales y aisladas. Y como no nos podemos permitir no convivir con el lobo, dado que existe una normativa europea y nacional que nos obliga a ello, las medidas a aplicar tienen que recaer en establecer una compatibilización, donde el centro de atención sea el ganadero -sobre el que tienen que focalizarse las medidas protectoras sobre sus explotaciones- y donde el lobo esté integrado en ecosistemas, como los que disponemos en toda la península ibérica, que tienen buena salud y equilibro. Ese territorio será tanto más sostenible cuanto más se ponga el valor la compatibilidad entre el ganadero, el cazador y el lobo. Medidas que pasan por circunscribir el habitat del lobo a espacios protegidos donde se les garantice la alimentación y que pasan, también, por la dotación y apoyo a medidas disuasorias de ataques al ganado, tales como pastores, arneses, zonas de recogida de ganado, etc; que minimicen el daño al mundo rural.

Asturias, sociedad y valores. Mi proyecto para el Partido Popular

La presentación de mi candidatura a la Presidencia del Partido Popular de Asturias responde a un larga reflexión compartida con amigos y militantes de toda Asturias y de diferentes lugares de España. Como todos los afiliados y simpatizantes he vivido con mucho dolor las diferentes crisis internas que nos han apartado de la sociedad asturiana y de la evolución que el Partido Popular ha tenido en toda España.

Me presento porque no me resigno a que el Partido Popular sea la tercera fuerza política en Asturias; no me resigno a no presentar una alternativa real a los asturianos, con políticas nuevas y diferentes a las fórmulas ya agotadas. No me resigno a una Asturias del paro y agotada por una administración incapaz de dinamizar la resignación.

No me resigno a un Partido Popular paralizado, sin vida interna o reducida sólo al momento en que se ocupan cargos de responsabilidad; ensimismado en sus problemas internos y en el que los equipos y los métodos de trabajo hace tiempo que dieron todo lo que podían dar de sí.

Me presento porque quiero un Partido Popular donde todas las juntas locales cuenten; donde todos los afiliados sepan que su voz será escuchada y sus derechos respetados.

Un proyecto de rehabilitación ciudadana de nuestro partido, de regeneración y renovación de equipos y sistemas de trabajo, de apertura del PP a la sociedad asturiana, para mirar hacia el futuro, desde la posición en la que nos han colocado las urnas, y hacer creíble nuestro proyecto para optar a obtener el respaldo mayoritario de los asturianos.

Con “Asturias, sociedad y valores” expresamos una idea, definimos tres principios básicos que se pueden enmarcar dentro de nuestro referente político.

Sociedad y valores es el título de uno de los últimos libros escritos por Don Manuel Fraga. De esta manera rendimos un homenaje al fundador del Partido Popular, demostrando que buscamos la continuidad de nuestro proyecto político desde la continua renovación. Al tiempo, sociedad y valores define aspectos fundamentales para el Partido Popular. El PP es un proyecto político que busca dirigirse a toda la sociedad, que, por sus raíces liberales, aspira a  que esta se desarrolle y crezca frente a los límites que siempre tiende a poner el socialista, bien de izquierdas o de derechas.

Por último, con valores se quiere expresar que nuestras propuestas responden a unos principios expuestos en el ideario del Partido Popular (humanismo cristiano, liberalismo y reformismo) y no a las ocurrencias de una o varias personas.

Me presento en el ejercicio de la democracia interna, algo propio de la mejor tradición democrática liberal que políticamente me inspira. Me presento porque quiero trabajar por una Asturias mejor, por un mejor Partido Popular y por mi país.

Soy consciente de las dificultades del reto que me propongo. Este camino no podré hacerlo solo, sino con el apoyo de todos los militantes y simpatizantes del PP. Ahora viviremos nuestro momento de debate, el día 4 de noviembre comenzará la época de trabajo, donde yo estaré allá donde me pongan los votos de los compromisarios.

Si logro ser el nuevo presidente del Partido Popular me comprometo a trabajar para que la elección del próximo candidato a la presidencia del Principado de Asturias, a las alcaldías de los 78 concejos así como los cabezas de lista en las elecciones para el Senado y el Congreso sea a través de un sistema de primarias.

Si obtengo el respaldo mayoritario en el Congreso, me comprometo a permanecer en el cargo un máximo de ocho años e introducir en los estatutos autonómicos una limitación de dos mandatos para los cargos autonómicos.

Me comprometo a celebrar antes de las próximas elecciones autonómicas sendas convenciones que nos permitan enriquecer, con la propuestas de todos los afiliados, las ponencias marco de este Congreso, y abiertas a la sociedad civil asturiana.

Y me comprometo a que, antes de las próximas elecciones autonómicas, compareceré en un nuevo congreso regional para dar cuenta de mi gestión y del cumplimiento de mis palabras.

Por estos motivos desde hoy reclamaré el apoyo de todos los compromisarios y afiliados del Partido Popular.

Quizá a alguno le asusten los cambios, a mi me asusta más vivir en lo mismo.

¿Por qué un político debe tener sueldo?

¿Porqué un político debe tener sueldo?. Asistimos cada comienzo de legislatura a este debate que se hace público y que provoca no pocas tertulias entre la población. Creo que a nadie le cabe duda que los cargos públicos deben tener un sueldo y que, como le pasa a todo hijo de vecino, debe ganárselo. Es indudable que si una persona asume tal responsabilidad, debe tener un sueldo digno, que merece cualquier persona del mundo que trabaja todos los días y que está en un puesto de cierta importancia. Y ello porque el político con vocación no sólo esta entre los ricos, los jubilados, los funcionarios, los que no tienen oficio conocido o que no lo ejercen a pesar de que perciben contraprestación por ello, sino que está también, entre aquellos que trabajan y que viven de su trabajo y que carecen de horas para ejercicio de cargo público, asuntos propios, cifras con muchos ceros en el banco o mucho tiempo libre. Nos hemos acostumbrado a elegir a los que más tiempo tienen en detrimento de los mejores. 

El político debe tener sueldo. Un sueldo digno, como el que percibe cualquier persona que trabaja y que tiene necesidades que satisfacer. Pero también, y por tratarse de servidores del pueblo, elegidos por el pueblo y responsables del bien común del pueblo, deben asumir un compromiso de trabajo a cambio de ese sueldo. Un compromiso de los mejores que ofrezca un camino, un proyecto, y no limitarse a decir al pueblo lo que quiere oír; que trabajen en la política y no que vivan de la política. En definitiva, asumir el mandato ciudadano de gobernar, y de hacer oposición también, no sólo para realizar una mera y automática ejecución de la ley, sino para dirigir la comunidad política en orden al bien común.

¿Cuánto sueldo debe tener un político?. No cabe duda que el cargo público asume una alta responsabilidad, ejecutiva, legislativa, representativa y legal del pueblo y para el pueblo. Por ello, la cuestión está en determinar donde se acaba la dignidad del sueldo, que se propugna en estas líneas para el político, y donde empieza la inmoralidad de ese sueldo que percibe. Salario digno esta en el que político perciba en su trabajo de la "vida civil". Ni un euro más. La inmoralidad empieza cuando uno, por dedicarse a la política, triplica su salario, se sube el sueldo por encima de lo que sube el del común de los mortales o se equipara al funcionario de mas rango de la administración a la que representa. Esto no es caro ni barato, como algunos quieren hacernos ver, es una inmoralidad.

Funcionarios para el presente y para el futuro

En las dos anteriores entradas de este blog hago referencia a la necesidad de una reforma en la administración que contemple la profesionalización de la función pública, para que sea mas independiente y que se adapte a los cambios de presente y futuro que los servicios públicos deban afrontar.

Asturias se enfrenta estos días a las protestas de los funcionarios de la educación y la sanidad, derivadas de los ajustes que son necesarios efectuar para corregir el desfase del déficit y deuda que arrastra las arcas del Principado.

Lejos de ser ajustes temporales, para salvar los muebles y cumplir el objetivo del déficit marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiero, las modificaciones y ajustes de la función pública deben tener vocación de permanencia. La administración tiene que aspirar a prestar los servicios públicos con un nivel adecuado de eficiencia. Alguien podrá decir que no existe -o aún no se ha inventado- un sistema para optimizar las organizaciones administrativas. Bien, desde luego lo que podemos asegurar es que aumentar sin límite los recursos destinados a un servicio público no es la garantía ni de su eficiencia ni del mantenimiento de los derechos de los ciudadanos asociados a ese servicio público. Porque lo que si se sabe es que existe un umbral a partir del cual más recursos no implican necesariamente mejores resultados, y ese es el momento en que hay que reducir el presupuesto asignado. ¿Cuanto hay que reducir?. Hasta el punto en el que falla por una evidente falta de recursos.

Y lo que si ha quedado demostrado después de años de gestión, basados en la inyección sin límite de recursos, es que nuestra administración autonómica ha sobrepasado ese umbral a partir del cual se supera la cantidad óptima de gente para prestar un servicio público. 

No critico a los que ahora protestan por defender su puesto de trabajo, critico a los que teniendo las responsabilidad de gestionar los recursos públicos puestos en sus manos por los ciudadanos, se guiaron por el camino del despilfarro y la ineficiencia a la sombra de la teoría de que un mayor número de funcionarios asignados a un servicio público garantizaba un óptimo funcionamiento y la garantía de los derechos de los ciudadanos asociados a ese servicios. Critico a los que siguen defendiendo de manera populista ese postulado, mientras escurren su responsabilidad y la derivan a los que han venido a poner orden y sensatez a semejante desaguisado, modernizando el cuerpo funcionarial, dotándolo de mas eficiencia, de más transparencia, de más democracia, optimizando los recursos, interviniendo menos y respetando más la libertad de los ciudadanos, considerando al administrado como un cliente y servirle como tal.

Cent Jours

Se cumplen hoy los primeros cien días desde la toma de posesión del Gobierno de Asturias encabezado por el socialista Javier Fernández. Cien días tan decepcionantes como los once meses anteriores y los cien primeros días del breve (por voluntad propia) Gobierno de Foro Asturias.

Los caprichos de la Historia, y de alguno de sus actores,  han querido que lo vivido en Asturias en el último año y medio tenga un paralelismo con los once meses de retiro de Napoleón en la Isla de Elba observando los acontencimientos en Francia y los Cent-Jours que siguieron a ese retiro, conocidos más popularmente como la Campaña de Waterloo. Al Waterloo asturiano le quedan aún 1089 días. A la vista de los cien anteriores, no se vislumbra que este Gobierno abandone su resistencia a asumir su responsabilidad de gobernar y deje de hacer oposición al Gobierno de España.

Fuera de la anecdota histórica, el final de este período, que la tradición pide para cualquier nuevo ejecutivo para asentarse y presentar sus proyectos, coincide con la publicación de los datos del desempleo correspondientes al mes de agosto. La cifra de 93.943 desempleados confirma la alarmante situación en la que se encuentra Asturias, situada a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor crecimientos del desempleo en tasa interanual y en cifras record no alcanzadas ni en plena recoversión industrial.

A la profunda crisis que está viviendo nuestra región se ha unido el hecho que se han perdido mas de un año y medio (al que hemos dedicado doscientos dias a periodos de gracia) sin que ninguno de los dos  Gobiernos que hemos tenido haya presentado ante la Junta General del Principado de Asturias ni una sola propuesta para ejercer sus competencias y desarrollar políticas generadoras de actividad empresarial y de creación de empleo, demostrando que ni tienen soluciones a los problemas de nuestra región ni saben como afrontarlos.

Nadie se ha acordado de los emprendedores, de favorecer su establecimiento y consolidación, de reducirles las cargas administrativas y de coordinar las políticas y servicios de apoyos a PYMES y empresas, de facilitarles el acceso al crédito, de mejorar su capacitación, de establecer un sistema de validación y calificación de proyectos con base tecnológica para facilitarles el acceso a su financiación, de establecer y potenciar instrumentos de internacionalización y de sensibilizar y promover la creación y consolidación empresarial desde la escuela hasta la Universidad, introduciendo en los decretos de desarrollo curricular contenidos relacionados con los emprendedores en todos los niveles.

Una cuestión tan fundamental como la transformación y modernización de la Administración ha sido tratado exclusivamente como elemento negociador para alcanzar mayorías parlamentarias. Ahí se ha quedado, en una declaración de intenciones que en cien días no ha avanzado hacia el diseño de una función pública imparcial y de calidad y una nueva política de recursos humanos, a la asignación de los recursos disponibles a las auténticas prioridades con un riguroso control del gasto y acompañado de sistemas eficaces de medición de los recursos empleados y los resultados obtenidos. No se han hecho absolutamente nada por avanzar en la transparencia, en reforzar los controles previos y las responsabilidades exigibles y en mejorar la rendición de cuentas, en la reducción de costes, trámites y plazos.

No se han tomado las medidas necesarias para delimitar un reparto coherente de las competencias entre las distintas administraciones (local, regional y nacional) de forma que se eviten las duplicidades actuales, determinando a quien corresponde asumir la gestión y financiación de los diferentes servicios y con ello se posibilitará el mantenimiento de los servicios públicos con una reforma del régimen jurídico y financiero, para conseguir una administración menos burocratizada y que cada servicio público esté a cargo de la Administración que acredite ser mas eficiente en cada uno de los casos. Todo parece indicar que estaremos otra legislatura más (y fue un compromiso del primer Gobierno del socialista Álvarez-Areces) dando vuelta al asunto de la duplicidad de competencias y la financiación.

Quedan 1089 de legislatura para enderezar el rumbo, para asumir el principio de responsabilidad general sobre el bienestar de la comunidad que, vistos los cien días que los han precedido, parece que no se está dispuesto a asumir por parte de un Gobierno decidido a que no pase por el caliz de tener que sacarnos de la cienaga de doce años de socialismo en Asturias. 

La Administración, una reforma en marcha

El primer post de este blog lo dedique, hace ya cuatro meses, a exponer mi visión sobre la propuesta de fusión de Ayuntamientos en el marco de los acuerdos entre el PSOE y UPyD para que Javier Fernández fuese investido Presidente del Principado de Asturias.

Manifiesto en ese post mis dudas sobre dicha propuesta de fusión, planteando como alternativa la consecución de un modelo de Ayuntamientos con estructuras reducidas y simplificadas, que faciliten el desarrollo económico y social, que colaboren con el resto de las Administraciones en la prestación de servicios integrados, y sobre todo, que permita colocar a los ciudadanos en el centro de su actuación y que permita un margen suficiente para el establecimiento de políticas propias. Ayuntamientos donde se de un nuevo impulso a la democracia y la transparencia. Os invito a releerlo.

La reforma de la Administración no es un asunto que se deba elegir, sino que es algo que está impuesto a corto y medio plazo. Debemos entender la política como un trabajo al servicio de la sociedad y, por lo tanto, las expresiones prácticas deben adaptarse a esa realidad siempre que no sean efectivas. Trazar grandes líneas para el municipalismo es complejo y debe ir más allá de eliminar o fusionar Ayuntamientos. La administración local es eficaz. Todos los que hemos estado implicados en ella lo sabemos. Pero, ahora, el reto, es ser eficiente. Y, en ese camino la reforma de nuestra Administración Pública, que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha con el Plan de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional del Estatal, el Plan de Pago a Proveedores y la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, deben abarcar todos los niveles: el estatal, el autonómico y el municipal.

Hay que replantear el modelo de gestión presupuestaria. ¿Por qué no utilizar la contabilidad financiera, analítica o de costes?. Necesitamos una cuenta de resultados para determinar la eficiencia de las políticas públicas ante la innegable situación de que los recursos son cada vez más escasos.

Hay que introducir en la gestión pública la cultura de la evaluación que ayude a tomar decisiones de continuidad, reducción, ampliación o eliminación de los servicios públicos. Debe darse cuenta a los ciudadanos de en que se invierte su dinero. La evaluación y la transparencia deben ser los pilares básicos de una nueva Administración. Deben medirse los resultados generados y asociarlos a su coste y debe fomentarse un uso responsable de los servicios públicos. 

Hay que reordenar las competencias. No toda entidad con poder político tienen por qué tener capacidad presupuestaria y administrativa. La convergencia hacia un modelo de gestión unificada pasa por la complementariedad entre administraciones y la agregación territorial en el diseño de los servicios públicos. Por ello es necesario acabar con las duplicidades, no sólo entre niveles administrativos (Estado, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) sino también dentro de cada nivel (fundaciones, empresas públicas y entes autónomos).

Hay que redefinir el catálogo de servicios públicos y definir nuevos modelos de organización donde los servicios de gestión sean compartidos entre departamentos. Hay que aligerar las tareas de los procesos administrativos, reducir burocracia y papeleo e instaurar el uso generalizado de las nuevas tecnologías para conseguir un modelo de prestación de servicios públicos más flexible, rápido y menos costoso.

Unos servicios públicos flexibles exigen una función pública flexible que permita adaptarse a cambios en la gestión o a la asunción de nuevos retos: necesitamos directivos públicos y gestores públicos. No se trata de funcionarizar la política, sino de profesionalizar la función pública en un proceso constante de formación y reciclaje, de acuerdo con las necesidades que en cada momento se demande.

Todas las Comunidades Autónomas han querido ser un Estado y cada Ayuntamiento ha querido ser una Comunidad Autónoma. Hay que acabar con el minifundismo de los servicios públicos, en especial el tributario. El criterio de la cercanía al ciudadano, como elemento determinante para el establecimiento de un servicio, ha fomentado ese minifundismo y lo único que ha logrado es alejar a los prestadores de los servicios de los beneficiarios. Es necesario, por tanto, instaurar la planificación estratégica, como norma de funcionamiento. Una planificación que tome como base un territorio e involucre a todos los niveles administrativos.

En definitiva, y como dije al principio, una Administración centrada en la atención a los ciudadanos.

Por la recuperación de un sector comercial competitivo

Con el descenso de ventas y empleo del mes de julio del comercio minorista, el sector en Asturias acumula veinticinco meses de caída que ponen en evidencia el fracaso de todas las medidas tomadas por el Gobierno regional para incentivar el sector.

La política llevada a cabo por los Gobiernos socialistas en Asturias ha estado guiada por la máxima de presentarse como única y exclusiva solución benefactora cuando surgen los problemas, para ejercer, en último extremo, el control por acumulación sobre la sociedad en general.

Como un fracaso han de computarse las medidas proteccionistas ejercidas contra las grandes superficies, tanto en la limitación de su implantación como en la libertad de horarios, vendiéndolo como una medida de apoyo al pequeño comercio. El tiempo ha dado la razón a quienes defendieron que el proteccionismo y la restricción de la competencia en nada iban a favorecer a un sector que no necesitaba a la administración custodia, sino a una administración favorecedora de la actividad empresarial que permitiese a las empresas reciclarse, modernizarse y ser competitivas. Y ello ha llevado al sector al declive más absoluto.

Porque evidenciado el fracaso del proteccionismo, la administración socialista  no quiso desprenderse de esa potestad de control ni reconocer su fracaso, y optó por subsidiar a un sector que ya agonizaba con la carga de la mordaza de la regulación.  El mismo Gobierno que regulaba el sector, lo subvencionaba ahora para mantenerlo.

Ese doble error (el proteccionismo y su posterior mantenimiento subsidiado dotado de la correspondiente burocracia) ha llevado a convertir la subvención en una obligación ineludible, en vez de una ayuda puntual, para el empresario del pequeño comercio, que año tras año espera como agua de mayo la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria de ayudas anuales que le permita subsistir un año más. De este modo, las políticas socialistas sobre el comercio (y sobre otros sectores) han creado un sistema cíclico que necesita alimentarse para dar su siguiente giro, como un motor de explosión, alimentado por una gasolina (la subvención), que mueve un coche que nos lleva por la autopista en sentido contrario al debido, cual es el de la simplificación administrativa y la libertad de horarios, asi como la autofinanciación a través de estímulos fiscales que permitan al sector comercial mayor especialización y competitividad para poder ejercer libremente su actividad empresarial.

La sinrazón de que Asturias no acuda al Fondo de Liquidez Autonómico

Termina una semana más y seguimos sin noticias de como el Gobierno socialista de Asturias va a financiar los 423 millones de euros que el Parlamento regional habilitó a través de una Ley de endeudamiento para poder cerrar las cuentas del ejercicio 2012. Sigue empecinado el Ejecutivo asturiano en mostrar su convencimiento de que logrará la financiación necesaria por parte de la entidades bancarias para refinanciar la deuda que vence antes del 31 de diciembre y cumplir así con el objetivo del déficit fijado por el Gobierno de España y acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Gobierno socialista sigue tapándose los ojos ante la evidencia de que los mercados financieros están cerrados para la financiación de la deuda de las Comunidades Autónomas. La solicitud efectuada esta semana por la Generalitat de Catalunya para acogerse a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deja desarmado de argumentos al ejecutivo asturiano, que sigue en un discurso de autonomistas de campanario cuyo único cometido es hacer oposición al Gobierno de Rajoy. ¿Y Asturias que?.

Y es que unido al sinsentido de buscar en unos mercados financieros cerrados una financiación que no está disponible, está el hecho de que el FLA fue creado por el Gobierno de España con unas condiciones financieras muy favorables e imposibles de encontrar actualmente, por su bajo coste, en el mercado bancario. Por no querer dar explicaciones de la deuda que mantiene el Principado, este Gobierno está dispuesto a incrementarla con unos tipos de interés más elevados que los que ofrece el FLA a las Comunidades Autónomas que soliciten su ayuda financiera.

Pero lo más absurdo de la posición que mantiene el Gobierno del Principado, al no querer acudir al FLA y negociar con entidades bancarias la refinanciación del déficit y el vencimiento de la deuda, es que supone restar recursos de crédito bancario que deben estar a disposición de autónomos y PYMES. El PSOE no entiende que el crédito debe estar a disposición de la economía productiva, no de las administraciones públicas. Pero es difícil que entienda esta situación cuando ni tan siquiera ha logrado que una sola de las medidas de diversificación económica de la región que ha puesto en marcha en los últimos doce años, en que ha ostentado el Gobierno, haya tenido un resultado positivo. En lo que si puso todo su empeño fue en dedicarse a incrementar la deuda del Principado copando crédito bancario en su carrera sinsentido del grandonismo y el sobrecoste.

La gran bonanza de las Antillas... Asturianas

Cuando Italo Calvino escribió en 1957 el cuento "La gran bonanza de las Antillas" trazo una alegoría de la política italiana basada en la historia de unos chicos que le piden a su tío Donald, que ha navegado junto al pirata Drake, que les cuente aquella ocasión en que se encontraron su barco y un galeón español en medio de una bonanza que impedía cualquier navegación. El relato describe como, ante la situación de calma y ésperando a que un elemento externo les sacara del paso para poder navegar, el capitán les dice que la verdadera batalla "estarse allí quietos, estudiando una vez más las grandes batallas navales de Su Majestad Británica, y el reglamento del manejo de las velas y el manual del perfecto timonel y las instrucciones para el uso de las culebrinas, porque las reglas del almirante Drake eran en todo y por todo las reglas de la flota del almirante Drake: si uno empezaba a cambiar, no se sabía donde...".

La alegoría de este cuento es fiel reflejo de la actual posición del Gobierno del Principado de Asturias. Anclado en sus "manuales" de lo bien hecho, de la mejor posición que dice tiene nuestra región, comparada con la del resto de Comunidades Autónomas para afrontar la crisis en la que nos hayamos inmersos (amparandose en el falso discurso de las balanzas autonómicas), se regodea en la bonanza para estarse quieto y seguir manteniendo que sus reglas son las mejores reglas para toda la flota y que sólo nos queda estarnos quietos estudiando lo bien que nos ha ido con ellas: si uno empieza a cambiar (piensan), no se sabe donde...

Es cierto durante los doce años de gobiernos socialistas Asturias no ha permanecido inmóvil. Pero no es menos cierto que esa misma etapa no ha sido de bonanza. No podemos definirlo así cuando nuestra región encabece la lista de crecimiento del desempleo, tiene la tasa la actividad más baja de España, ha perdido más de 4,2% del PIB, más de 4.000 autónomos han tenido que cerrar sus negocios desde 2008 y ha quedado de manifiesto que todas las medidas de diversificación de la actividad industrial y empresarial han fracasado.

En lo que sí conincide el término bonanza -como años más tarde Calvino refirió en una relectura de su cuento- es "en la atmosfera pesada, amenazadora, enervante de las bonanzas oceánicas para los barcos de vela", el impasse que se corresponde con el inmovilismo. El inmovilismo de un Gobierno que, anclado en su "normas de navegación de la flota" y sus "grandes batallas navales", se limita a mandarnos a los asturianos mensajes de "¡Buenos días! ¡Buenas noches! ¡Buen tiempo tenemos, eh!" y es incapaz de actuar para salir de esta falsa bonanza, centrado en hacer oposición al Gobierno de España y desechando el sentido de Estado, que el ahora enmudecido Presidente del Principado de Asturias prometió en su discurso de investidura, para mover el navio en las condiciones del momento.

Por la libre elección de centro y modelo educativo

Hoy se ha dado a conocer el fallo de dos sentencias del Tribunal Supremo que rechazan la legalidad de que los colegios concertados en los que exista separación por sexo reciban subvenciones económicas por parte del Estado. Consideran, sin embargo, que el modelo de enseñanza en el que existe la separación por sexos es completamente legal. Cosas de la Justicia. El asunto no parará en estas resoluciones judiciales.

Excuso citar la premura con la que la progresía patria ha salido al paso de estas resoluciones judiciales,  pidiendo la retirada inmediata de los conciertos de todos los colegios que tengan establecido su modelo educativo con separación por sexos.

Resulta curioso como los que siempre ponen como ejemplo los modelos del norte de Europa (Suecia, Finlandia...), alabándolos como el epítome del modelo educativo, olvidan que en esos países, donde la socialdemecracia juega un papel de líder político, se está tendiendo a colegios mixtos con educación diferenciada por sexos según las materias.

Pero desgraciadamente la socialdemocracia de aquellas latitudes poco tiene que ver con la de estos lares. Aquí, para los que se hacen llamar socialdemócratas,  la pontificación de la justicia universal adquiere mas relevancia que el análisis riguroso y la defensa de la libertad educativa. Dice nuestra Consejera del ramo que las sentencias "coinciden con el planteamiento del Gobierno asturiano, que considera que no se puede sostener con fondos públicos ninguna propuesta educativa que discrimine en función de sexo y no considere la igualdad entre hombres y mujeres". Salta a la vista que Doña Ana González no se ha leído los dos fallos, dado que ninguno de ellos se expresa en esos términos. Como también olvida citar que con ese planteamiento el Gobierno socialista de Asturias obtuvo dos sentencias desfavorables ante el Tribunal Superior de Justicia.

Pero el mayor de los olvidos es que esos mismos socialistas -ahora se hacen llamar socialdemócratas y sacan la espada en defensa de la igualdad y contra la discriminación- que dicen que buscarán formulas para rescindir los convenios vigentes con los centros educativos, no recurrieron ante el Tribunal Supremo una de esas sentencias que autorizaba el concierto con los centros educativos que optan por el modelo de segregación por sexos.

Lo mas grave es como se sigue atacando el libre derecho de los padres a la elección de centro escolar y el modelo de educación que quieren para sus hijos. Cualquier familia tiene que poder elegir el centro educativo, público o de iniciativa social, de acuerdo con la educación que desee para sus hijos.

Porque la libertad de elección de centro y modelo educativo debe ser una ampliación del las libertades educativas que redunde en la mejora de la calidad de nuestro sistema, en el que la administración pública tiene como misión colaborar con los padres, pero no sustituirlos, y crear las condiciones que faciliten estos derechos a todas las familias.

Por el consenso y la estabilidad en las instituciones

La pasada semana el flamante coordinador de Asturias de Izquierda Unida pedía públicamente al PSOE "recuperar para la izquierda" la Alcaldía de Cangas del Narcea. Resulta paradójico que sea precisamente Manuel González Orvíz quien haga este llamamiento, azuzando la inestabilidad en una institución pública en nombre de la izquierda, cuando años atras criticó el apoyo del PSOE a una moción de censura del Partido Popular que desbancó a Angela Vallina de la Alcaldía de Castrillón. Y es que el objetivo, ahora como entonces es el mismo: desbancar a la derecha y ocupar el sillón de  al precio que sea. Un precio que, por desgracia, entonces pagaron los castrillonenses, y ahora se amenaza a los cangueses con cobrar.

Como entonces hice, critico cualquier acción encaminada a desestabilizar las instituciones y que las mismas sirvan para acceder a cuotas de poder. Conviene no dejar en el olvido ciertas cuestiones. El único legitimado para ocupar la Alcaldía de Cangas del Narcea es José Luis Fontaniella, por que así lo quiso la mayoría de la corporación municipal canguesa en su sesión constituyente. Por tanto, la legitimidad para gobernar no la da tener mas votos que otro sino tener los votos suficientes para formar gobierno, aunque los pactos que se produzcan para sumar esos votos nos gusten mas o menos.

Cangas del Narcea sólo es un ejemplo. No están los tiempos para juegos de la silla del poder. Estamos en los tiempos del consenso. Un consenso que no debe sustituir las responsabilidades propias ni la asunción de los errores cometidos. Un consenso que tampoco debe convertirse en objetivo único de la acción política. 

El discurso y la acción política deben prevalecer y desterrar a todos aquellos que se guien y compartan la opinión de que "todo partido que está en una institución persigue el objetivo de ocupar el gobierno".

Un partido político no debe ser una organización volcada sólo en ganar las elecciones, y mucho menos una organización sustentada en la obsesión del desquite. Eso hay que rechazarlo completamente. Si uno se deja llevar por esas obsesiones ya no es capaz de pensar ni actuar libremente.

Un partido político debe estar preparado para estar en el gobierno y también para estar en la oposición, y además de ser capaz de hacer oposición, también tiene que tener capacidad para llegar a pactos con el Gobierno. Si no se hace eso, se está creando una organización sin fundamento ni estructura que no puede ofrecer alternativas serias y creibles.

Quienes las urnas han colocado en la tesitura de ocupar la oposición, deben ejercitarla de manera seria y responsable bajo las premisas anteriormente expuestas tratando de darle una perspectiva global a los problemas y con el objetivo de dotar de estabilidad a la institución en la que se está ejerciendo la representación popular, tratando de mejorar las propuestas del gobierno con propuestas propias, complementarias, serias y, en cualquier caso, no destructivas. Pero sobre todo no debe ofrecerse como instrumento, ni ponerse en la situación de ser rehén, de los democristalinos y salvapatrias que desde una posición minoritaria pretender quitar y poner a su antojo, según sea la contraprestación que reciban a cambio. Cualquier otra actuación solo pondrá en evidencia desorden interno, ideas confusas y falta de proyecto.

Allá cada cual...

Más impuestos, más gasto, más edeudamiento

El Gobierno de Asturias presentaba el pasado miércoles el plan econmómico-financiero que pretende que el Consejo de Política Fiscal y Financiera valide como instrumento para cumplir con el objetivo del déficit.

Nada se puede extraer de la lectura del comunicado del Presidente del Principado de Asturias en el que presentaba las líneas generales del plan, que permita hablar de rigor presupuestario y el control de gastos a fin de evitar el endeudamiento excesivo que prometía el PSOE en su programa electoral. Ninguna medida de calado para reorganizar un sector público autonómico mastodóntico, lleno de duplicidades y solapamientos y de organismos autónomos obsoletos.

En cambio, el plato fuerte del plan de ajuste es la subida de impuestos. En definitiva, el Gobierno socialista de Asturias ha preferido optar por un modelo fiscal que apuesta por un aceleración progresiva del gasto público basado en una gestión económica ajena a la eficacia y desprovista de ratios para evaluarla.

Nada permite atisbar un horizonte en el que Javier Fernández abandone la errónea identificación entre rentabilidad social de los servicios y la asunción de costes, y se instalen en la línea de prestar los servicios de la forma mas eficiente posible, orientándolos a la obtención del mayor bienestar, limitando los riesgos en la prestación, estableciendo sistemas de seguimiento y control que evalúen la eficacia y eficiencia que determine el sistema de gestión mas adecuado a cada servicio. De todo ello se deduce que este gobierno tripartito no tiene intención alguna de acometer la mejora de los métodos de gestión administrativa, y que de hacerlo lo hará de una manera simplista y pagando un excesivo tributo a sus mostrencas ideas acerca del mal funcionamiento de la maquinaria administrativa. Por ello, de nada sirve incrementar los recursos por la vía de los impuestos, si se dedican a mantener los desequilibros generados por inadecuados o inexistentes métodos de gestión.

Con descaro y elocuencia tratan de cargar el mochuelo a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al objetivo del déficit acurdado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es cierto que esta norma establece mecanismos estrictos en materia de endeudamiento. Pero lo cierto es que dicha norma no pone ningún límite a la aplicación de medidas de control del gasto público.

Sólo presentándose ante los ciudadanos con un programa de control de gasto serio, donde se evidencie la aplicación de la formula mas eficiente para su control y donde se establezcan criterios de simplificación, reducción de burucracia, elimianción de duplicidades, paralelismos y solapamientos y se actualicen los instrumentos de la administración a la situación real que vivimos, puede plantearse una subida de impuestos.

El hombre que al ser elegido Presidente del Principado, hace apenas un mes, llenaba su discurso de sentido de Estado y visión europea, se transforma ahora en un rancio autonomista que blande el estatuto en actitud cantonalista.

Poco parece importarle al Presidente de Asturias que, desde hace tiempo, las autoridades europeas tengan en su punto de mira a las autonomías por su falta del control del gasto. Se le ve infinitamente más preocupado en evitar admitir ante los asturianos que los despilfarros del pasado, hechos por su propio partido desde el Gobierno regional, conllevan un ajuste presupuestario de más de 500 millones de euros que traerá consecuencias para todos. Pero resulta infinitamente más cómodo apuntar a un culpable fuera de Asturias evitando asumir la responsabilidad de los gobiernos socialistas de los últimos doce años.

El resultado del Consejo Europeo que finalizo el pasado viernes ha sido beneficioso para España, tras haber alcanzado la práctica totalidad de los objetivos que llevaba en su agenda. Pero todos esos logros no servirán absolutamente para nada si no se pone fin a una admnistración autonómica hipertrofiada resultante del progreso y sus exigencias que se ha inoculado en la sociedad como derecho subjetivo irrenunciable a costa de más impuestos, más gasto y más endeudamiento.

No, a Asturias no le sirve aguantar hasta que escampe. No le vale seguir subiendo impuestos esperando a que todo se solucione para empezar a crecer. No. Se necesita austeridad, ahorro y eficiencia. Asturias tiene que crecer y hacerlo al mismo ritmo que el resto de España, pero el crecimiento tiene que hacerse sobre bases sólidas. Sobre un agujero nada se puede construir.

Asturias traicionada. Requisitoria contra la mentira.

Termina una semana más en la que el conflicto minero de Asturias sigue siendo la única noticia de nuestra región.

Siguen sindicatos y partidos de izquierdas inoculando a las asturianos que nuestro futuro está indisolublemente ligado al de la minería del carbón, con profusión de discursos catastrofistas. Y como guinda al discurso trágico se añade ahora el anuncio apocalíptico del "desplome de la industria" y se aboga por el "fortalecimiento de la capacidad productiva".

Continúan los erróneos análisis adornados de las viejas explicaciones sobre la decadencia de nuestra región apuntando a nuestra posición geográfica (que tiene menos relevancia que la que se le quiere dar en la economía actual) la estructura productiva (donde el peso de la industria es más mito que realidad), la falta de infraestructuras, la ausencia de apoyos externos y de una política industrial, que se resume en la denuncia de la falta de apoyos públicos (obviando los más de 4.000 millones de euros que costó mantener HUNOSA en los 10 años anteriores, los cerca de 3.000 millones de los planes del carbón o los casi 8.000 millones que se aplicó al ajuste de la siderurgia de los años 80).

Seguimos estancados, pues, en recurrir a causas externas en vez de reflexionar sobre nosotros mismos, a nuestro comportamiento, que ha producido que esa cultura de la gran industria pública, la cultura de la "fabricona", haya obstaculizado la adaptación a una economía abierta y de libre mercado.

La izquierda de esta región sigue en la numancia de la cultura de lo público y nos quiere subir en ese carro a todos. Una cultura de lo público donde los cargos sindicales están a la vez en la barricada y en el consejo de administración de HUNOSA. Un sindicalismo condicionado por el carácter público de las empresas que han sido sus bases de poder y que utilizan esa posición para "dirigir" decisiones políticas, aunque sea a costa del interés general.

Bajo el manto del proteccionismo sindical y el paternalismo (propio de tiempos pasados) se han atrasado, cuando no impedido, los cambios que el mercado exige, discriminando la asignación de fondos públicos en favor de la empresa pública y retrasando la recuperación económica de Asturias.

Nadie puede negar que  muchos de los avances sociales que se han conseguido en nuestro país han sido gracias a la acción de los sindicatos. Pero al mismo tiempo de ese reconocimiento hay que decir alto y claro que los sindicatos, con la anuencia de la izquierda política, han jugado en Asturias un papel que excede de lejos su función normal. Su injerencia política ha sido tal que ha retraido inversiones. Y todo ello se ha ocultado tras la mentira de que el perenne sector público sontendría esta región por los siglos de los siglos. La verdadera traición a Asturias es permanecer en la cultura subvencionista y pasiva, en seguir anclados en que "la fabricona" puede con todo y nos procura a todos el bienestar deseado.

Asturias necesita un cambio del cultura, superando el pesimismo, abriéndose más al exterior y poniendo los cimientos para desarrollar capacidades empresariales, desterrando la idea de que los inversores externos vienen a perjudicarnos. Tenemos que eliminar, en definitiva el sistema de tutelas propias de otros tiempos y otros regímenes políticos. Que la libertad sustituya a la regulación para que el futuro no pase por continuar viendo como a nuestro mejor capital humano se le condena a la emigración.

Aquel 15 de junio de 1977

La actualidad manda y una fecha tan importante para España, como es el aniversario de las primeras elecciones democráticas, es fagocitada por la celebración, en un espacio de pocas semanas, de unas nuevas elecciones de una Grecia sumida en lo más profundo de la crisis, la celebración de elecciones legislativas en una Francia que, capitaneada por el recién elegido Presidente de la República, pretende ser la salvadora de Europa sin entender que se trata de una tarea común y no de las ideas iluminadas de unos pocos; y la celebración de la cumbre del G-20 en México. Todo ello en puertas de la celebración de una Cumbre Europea trascendental para el futuro de la Unión.

De aquellas fechas, con tan sólo seis años de edad, sólo guardo recuerdos de imágenes de un televisor el blanco y negro, que era la única ventana que los hogares españoles teníamos para seguir aquellos días históricos de nuestra democracia.

Meses antes de aquellas primera elecciones democráticas, la imagen que recuerdo es la del Presidente Suárez que, tras el recuento de votos en la sesión de las Cortes, se dejaba caer unos segundos sobre su escaño con los ojos cerrados, con el alivio de haber logrado la aprobación de la Ley para la Reforma Política; para segundos después levantarse y aplaudir a los señores procuradores y consejeros que minutos antes, con su voto, había firmado el finiquito de las Leyes Fundamentales del Reino, paso previo a poder promulgar la Constitución democrática de 1978. 

Aquel paso de orilla a orilla -como escribió años más tarde Alfonso Osorio- trajo la aceptación, con aciertos y con errores, de de toda nuestra historia común. Como tiempo después diría el Presidente Suárez "había que tener el valor de no buscar culpables de nuestros errores y nuestras radicalizaciones y no volver a caer en una interpretación maniquea de nuestro pasado reciente".

De aquel miércoles 15 de junio de 1977, sin embargo, la imagen que guardo no me la dio el televisor. Mi padre se fue temprano de casa. Ejercía aquel día de presidente de una mesa electoral. Una llamada le hizo volver con urgencia a media mañana. Mi abuelo había sufrido una trombosis (hoy se le llama ictus) y desde aquel día quedó postrado en una silla el resto de su vida. 

De aquel hombre bueno, Nicolás Torres, mi abuelo, postrado en su silla, aprendí mucho los años siguientes. Aprendí de la visita que semanalmente su hermano Juan, Teniente del Ejercito Republicano, le hizo todas y cada una de las semanas de los quince años siguientes de su vida. Aquello me enseñó que la reconciliación de las dos "españas" no sólo era posible, sino que ya se había producido mucho antes de aquellos intensos meses que nos abrieron la puerta a la democracia, y que precisaron de unos políticos, de izquierda y derecha, que tuvieron la capacidad y la altura de miras suficientes para meter en vereda a los que, de uno y otro lado, pretendían seguir viviendo en los horrores del pasado, abriendo nuevas heridas que entorpecían nuestro camino hacia el futuro.

¿Galgos o podencos?

España ha obtenido el pasado fin de semana un  crédito  europeo  dirigido  a  las  entidades  bancarias que lo requieran para su saneamiento. Se trata de una inyección de capital que contribuye a estabilizar la situación en España y permite acometer con la calma requerida la necesaria reforma del sistema financiero español.

Una reforma que, como el Presidente Rajoy ha explicado esta mañana en el Congreso de los Diputados -durante la sesión del control al Gobierno-, debe pasar por una mayor integración fiscal y bancaria en el seno de la Unión Europea. 

Antes de que finalice el el presente mes de junio se celebran dos citas cruciales para el futuro de una UE y del euro: la cumbre de los líderes de las cuatro primeras economías de la zona del euro que se celebrará el próximo día 22 en Roma y el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas los días 28 y 29. Rajoy apuesta por la creación de una autoridad fiscal comunitaria para orientar y armonizar estas políticas en la zona euro, ejercer un control centralizado de las finanzas y ser la gestora de la deuda europea. Además defenderá, en el ámbito bancario, contar con una supervisión a nivel comunitario y un fondo de garantía de depósitos común. No se trata, por tanto, de que unos pierdan y otros ganen, sino de que ganemos todos.

Porque Europa no necesita una guerra civil para emerger como una entidad económica verdaderamente unida, con una única moneda y una políticas fiscal armonizada.  Con una mayor integración fiscal y bancaria se podrán explotar las complementariedades entre las economías que componen la Unión de tal manera que las beneficie a todas. Los países más prósperos deben ayudar al resto a poner en orden sus casas presupuestarias para permitir ejecutar inversiones para el futuro que mejoren el potencial de crecimiento de su economía.

Mientras, otros pierde su tiempo en el discurso, tan inútil como estéril, de las etiquetas y los nombres, ejecutado con aplomo e insistencia, en su carrera por convertir tal trivialidad en axioma. Discutiendo si son galgos o podencos, dejando lo que importa por cuestiones de poco momento.

Ortega y Gasset lo dejo escrito en el prólogo a la segunda edición de su "España invertebrada": 

"Por una curiosa inversión de las potencias imaginativas, suele el español hacerse ilusiones sobre su pasado en vez de hacérselas sobre su porvenir, que sería más fecundo. Hay quien se consuela de las derrotas de que hoy nos infligen los moros, recordando que el Cid existió, en vez de preferir almacenar en el pasado los desastres y procurar victorias para el presente".