Reindustrializar con innovación, no con subvención

Son prácticamente diarios los titulares haciendo llamadas y abogando por la reindustrialización como elemento catalizador para la salida de la crisis. De los tiempos en los que la industria española suponía el 34% del PIB, hemos pasado a que apenas sea un 14%. Demasiado tiempo --y demasiado dinero público-- ha costado caer en la cuenta que al formular el paradigma de la sociedad de servicios, sobre el que se asentaron los planes de reconversión y reactivación de sectores productivos como el carbón y el acero, se obvió que una sociedad de ese tipo sólo es posible cuando se apoya en una sólida actividad industrial, confiando su éxito --ahora demostrado sonoro fracaso-- a la eterna dependencia de la subvención; sin que su milmillonaria presencia haya logrado revertir la decadencia continua, allí donde los monocultivos estatistas deberían haber sido sustituidos por diversificación de la estructura productiva hacia segmentos intensivos en conocimiento, con mano de obra muy especializada y preparada para trabajar en sectores de alta tecnología y fuerte crecimiento.

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Humo fiscal

Toda reducción de impuestos debería ser tan bienvenida, como repudiado todo incremento de los mismos. Siendo así, todos deberíamos aplaudir. Pero la rebajita que justifica el apoyo del Partido Popular a los presupuestos regionales del PSOE, no deja de ser una cortina de humo para ocultar el régimen fiscal confiscatorio que padecemos en Asturias, un autentico infierno fiscal que, combinado con el cementerio regulatorio que se ha tejido a su alrededor, sigue defraudando cualquier aspiración de progreso social y económico de nuestra región, y sigue condenándonos a la dependencia eterna de la subvención exterior.

Lo cierto es que la minoración fiscal anunciada será marginal y cicatera. Si la base liquidable máxima sobre la que se aplicará la rebaja fiscal es de 12.450 euros, eso significa que el ahorro máximo será de dos puntos porcentuales sobre esos 12.450 euros, es decir, 249 euros anuales, 20,75 euros mensuales. En realidad, sin embargo, la minoración será todavía menor, ya que el cálculo del mínimo personal (que reduce el importe final de la cuota líquida a pagar) también se calcula a partir de ese mismo tipo marginal mínimo que se va a rebajar, de manera el importe efectivo de éste caerá en unos 103,02 euros (el 2% del mínimo personal de 5.151 euros): es decir, el impacto máximo de la rebaja fiscal será de 145,98 euros anuales, 12,16 euros al mes. 

Entiéndanse: uno prefiere que los impuestos bajen o, al menos, que no suban todavía más. Pero vender como un ejercicio de responsabilidad esta ridiculez es no sólo un insulto a los asturianos, sino al resto de españoles que contribuyen a costearla. Peor aún: es un intento inane de aplacar el creciente descontento social hacia una política fiscal liberticida, vendiéndoles a los contribuyentes que ya se está produciendo un cambio de rumbo. No: ahorrarles el pago de 12,16 euros mensuales a algunos asturianos no es bajar impuestos, sino una burlesca maniobra de populismo tributario. Y aún peor: ilustra perfectamente que la finalidad del acuerdo presupuestario no es otra que aparentar que se bajan los impuestos, al tiempo que se consolidan las brutales exacciones fiscales que los socialistas han ido aprobando para mantener a flote la burbuja regional que han ido construyendo en los últimos treinta años.

La prueba definitiva de esta venta de humo la tendremos los próximos días, cuando dispongamos de los datos -¡ay la transparencia!- para calcular el coste estimado de la medida en relación con los ingresos del tramo autonómico del IRPF asturiano; o aún peor, si en lugar de relacionarlo con el tramo autonómico del IRPF, lo hacemos con los ingresos no financieros totales del Principado, un coste para las arcas regionales que, ya adelanto, arrojará una cifra que apenas revasará un punto porcentual sobre el total.

Pese a la nimiedad de este movimiento tributario, sigue latente el problema más de fondo que refleja a la perfección el absurdo sistema de la tarta de financiación autonómica:  mientras los ciudadanos de algunas comunidades autónomas sufren subidas de impuestos para financiar la “solidaridad interterritorial”, los territorios que son receptores netos de tales fondos –como el caso de Asturias– se dedican a bajarlos, al menos sobre el papel. Y ni siquiera esto es del todo cierto, ya que al final los impuestos tampoco baja, o lo hacen de un modo casi inapreciable. Lo único que se genera con estos gestos propagandísticos es el hastío de los ciudadanos residentes en las comunidades que son pagadoras netas. Y todo ello con la cuestión catalana de fondo. 

Lejos de afrontar y defender un proyecto verdaderamente reformista, consistente en reducir drasticamente el tamaño de la administración del Principado de Asturias -para poder recortar con ímpetu los impuestos- y de seguir gastando lo que no tenemos; nos plegamos al consenso socialdemócrata, abrazamos ahora con entusiasmo la gigantesca administración regional –a la que hasta antes de ayer calificábamos de elefantiásica- y sucumbimos al ditirambo de que ese será el motor de nuestro crecimiento. Más gasto público y más endeudamiento: ese será el legado hacendístico de estos presupuestos. Unos presupuestos para nada.

Presupuestos para nada

La canción "Money for nothing" (dinero para nada), compuesta por Mark Knopfler y Sting, se constituyó en los años ochenta del siglo pasado en una dura crítica a la proliferación de muchos músicos y cantantes mediocres, que tapaban con los videoclips su escasa base artística. El video musical, al calor del influjo del dinero de la industria discográfica, era un fin y no un medio.

Cuando oigo a alguien hablar de la necesidad de que Asturias tenga un presupuesto, me viene a la mente aquella canción, su satírica y descarnada letra y su mensaje. Declaraciones de necesidad con las que un presupuesto es elevado a la categoría de fin y no de medio, al precio que sea. Que ese presupuesto no sea más que el apuntalamiento de un programa político que llevan fracasando en los últimos treinta años en Asturias, es lo de menos. Tampoco importa que la estructura burocrática de la región -que permanece inalterada desde el inicio de la crisis- se coma más del 50% de lo que entra en las arcas autonómicas cada año, o que la deuda vaya camino de superar la barrera del 300% de incremento desde el inicio de la crisis. Lo importante -según parece- es tener un presupuesto -el que sea- redactado por los mismos que han redactado los anteriores, y que da respaldo a las mismas políticas erráticas, alejadas de la realidad, que condenan a Asturias a permanecer en la senda de la decadencia, como felliniana nave que va; que nos dicen no debe detenerse, cuando en realidad sólo nos conduce a entonar la verdiniana fuerza del destino.

En la neolengua utilizada, a la renuncia a la batalla de las ideas y los principios, a la renuncia a la ambición de mejorar con ellos la realidad en la vivimos, a esconder la escasa talla política detrás de un presupuesto -fotocopia de los anteriores, y que sigue condenando las aspiraciones de progreso social y económico de Asturias- a todo ello se le llama ahora "obligación ética" para dar un "balón de oxígeno" a los asturianos. Y para justificar todo ello se confiesa, con falsa modestia, la voluntad de sacrificar las ideas, el programa electoral y hasta el mismo partido en nombre del bien común. Cuando el hecho de defender y dar la batalla de las ideas de un partido político debería ser el incentivo para reformar las cosas, se convierte este incentivo en una aspiración inconfesable a la que hay que hacer permanente renuncia, escenificando la peor postura hacia al bien común: asociar que lo más beneficioso es estar por encima de la pelea política, que la política es una cuestión de gestión y no de confrontación, y que las soluciones están en el mundo gris de la burocracia y no en la claridad de la batalla de las ideas, de las justificación de los actos y de la crítica al contrario.

Y mientras se escenifica este ejercicio de populismo, el ciudadano cuyos problemas siguen latentes -porque los sucesivos presupuestos y leyes de crédito extraordinario han sido incapaces de solucionarlos-, asiste a todo ello con la misma sensación que los animales de la granja orweliana, donde era imposible distinguir a los animales de los hombres, mientras se le arroja a la cara el discurso de la justicia social y las políticas de redistribución a través de las cuales se manifiesta esa justicia, como un proceso de arriba hacia abajo, un vínculo vertical que conecta a los líderes y sus decisiones con las masas agradecidas; suscitando lo que La Boétie llamaba una "servidumbre voluntaria". Y para ello, se apela al bolsillo del contribuyente, con propuestas de rebaja fiscal que van desde un vergonzante aguinaldo a seis meses vista de una elecciones, hasta hilarantes cuantificaciones de ahorro fiscal de hasta cuatro dígitos, hechas sin tan siquiera tener en cuenta el número de contribuyentes que tributa en cada tramo del impuesto, que no detallan su impacto en las arcas autonómicas, ni cuanto supone esa rebaja respecto a los ingresos totales del IRPF en Asturias. Un cuento de la lechera, una farsa tributaria que no llega más allá de un reparto de las escasas puntas ociosas de tesorería. Y lo que es más grave: las rebajas de impuestos no se proponen a costa de rebajar el gasto público propio, sino a costa de que el resto de los españoles paguen más impuestos, aumentando el saldo positivo de la balanza fiscal y continuando la escalada de puestos en el ranking de perceptores netos de los fondos de solidaridad territorial. Ni una palabra, en definitiva, sobre reducir drásticamente el esfuerzo fiscal de los asturianos, ni de acabar con el cementerio regulatorio en el que se ha convertido la región, frustrando cualquier intento de avance social y económico, condenándonos a la dependencia de la subvención externa, por más que se sentencie solemnemente lo contrario.

Exigirse lo justo para ir tirando. Abandonarse al predominio del consenso socialdemócrata para después quejarse de que la economía está estancada, que los impuestos son muy altos, y suma y sigue. Más de lo mismo. Más de ellos mismos. Presupuestos para nada.

Una rara substancia

Tal vez la definición más perfecta de la dinámica de idas y venidas de la política en torno al soberanismo catalán la dio Manuel Chaves Nogales al afirmar: “El separatismo es una rara substancia que se utiliza en los laboratorios políticos de Madrid como reactivo del patriotismo, y en los de Cataluña como aglutinante de las clases conservadoras”.

En la redacción de nuestra vigente Constitución no se buscó la perfección en el diseño del estado autonómico, sino la utilidad de la norma básica de la que debía emanar el resto del cuerpo jurídico, que permitiría a todas las nacionalidades y regiones acceder a la autonomía con las cotas más altas de autogobierno.

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Buzón de los ciudadanos. Otra trampa a la participación política

Los partidos políticos son, y seguirán siendo, piezas fundamentales para garantizar el funcionamiento racional de las instituciones políticas. Pero ello no debe ocultar –ni debe justificar- lo que en una reciente entrevista denunciaba el presidente del PP de Guipuzcoa, mi amigo Borja Semper: “Los partidos políticos tienen demasiada influencia en España y en la sociedad española”.  Una influencia que coarta la singularidad de quienes militamos activamente en un partido político, o simplemente desean ejercer los derechos de participación política que les reconoce el artículo 6 de nuestra Constitución, a través de organizaciones donde el funcionamiento democrático sea efectivo y real.

La perdida de prestigio y de arraigo social de las instituciones públicas, que incluye la evidente y creciente desafección de la ciudadanía hacia las mismas y hacia nuestros representantes políticos, ha sido alimentada por unos partidos políticos con estructuras de poder resistentes y “arbitrarias”, mediante su capacidad para intervenir en la designación de las personas que forman parte de todas las instituciones publicas, y que ponen en grave riesgo el sistema de representación política del que nos dotamos hace ya más de treinta y cinco años.

Ante un eventual nuevo ciclo político, un nuevo escenario que nada tiene que ver con lo que hasta ahora hemos conocido, estamos obligados a repensar nuestro sistema político. Porque mientras estamos en la lucha partidista estéril para solaz de los (cada vez menos) acólitos, seguimos dejando de lado lo importante: la democratización y modernización del sistema político español.

Todas las encuestas, no sólo las electorales, sino las de carácter cuantitativo, nos dibujan un escenario distinto donde lo menos aconsejable es la inacción y la indiferencia, ante la flagrante desafección hacia la política y hacia las instituciones. Reconstruir los vínculos con la ciudadanía y con electorado potencial de cada partido, es la tarea inexcusable si no queremos acabar en la “italianización” de nuestro escenario político.

Para despejar ese escenario, ante la caída vertiginosa del apoyo popular al PP, la estrategia posible que le devuelva la iniciativa sólo puede ser una: la participación de sus bases. Percival Manglano lo expresaba claramente en un reciente artículo: “los programas electorales del PP para el año que viene deberían ser extremadamente participativos, con programas de consulta y aprobación de propuestas hechas por los militantes. Y, muy importante, con votaciones. Los militantes deben poder proponer y también votar”.

Participar no es proponer ideas y propuestas para el programa electoral. Participar no es llenar un buzón. Participar es intercambio que acumula "expertise", que genera debate como factor de igualdad. Es tratar a los votantes como adultos, que se les pregunte su opinión y que se escuchen sus respuestas en debates donde se intercambien argumentos, y no eslóganes.

Ante el congreso del Partido Popular de Gijón

Nos desayunamos esta mañana el enesimo anuncio de que se va a anunciar la celebración delcongreso local del Partido Popular de Gijón. Tras diecinueve meses de gestora, que aparte incumplir los plazos de duración y convocatoria marcados por los estatutos del partido de manera flagrante, no ha alcanzado ni uno solo de los objetivos que se argumentaron para su implantación: ni pacificación, ni unidad. Y es que es del todo imposible alcanzar objetivos tan loables, cuando el personalismo se pone por delante de las ideas; cuando la vocación de servicio debida a los gijoneses y a todos los asturianos, es substituida por una continua crisis interna que nos ha apartado de la sociedad gijonesa y asturiana, y de la evolución que el PP ha tenido en toda España.

Gijón es la primera ciudad de Asturias en número de habitantes y pujanza económica, y el Partido Popular no puede resignarse a ser la tercera fuerza política en su ayuntamiento, relegada a la irrelevancia por culpa del juego de sillas interno que se ventila en los despachos, sin presentar una alternativa real a los gijoneses, con políticas nuevas y diferentes a las fórmulas ya agotadas.

El Partido Popular de Gijón no puede tener su vida interna reducida al momento en que se ocupan cargos de responsabilidad, ensimismado en sus problemas internos, y en el que los equipos y métodos de trabajo hace tiempo que dieron todo lo que podían dar de sí. Los nuevos tiempos -los que ya están aquí y han venido para quedarse- exigen que los partidos políticos que quieran ser alternativa de gobierno, sean organizaciones dinámicas y abiertas. Tanto el Partido Popular de Gijón como el de Asturias tiene que ser -y aquí tomo las palabras de mi buen amigo Borja Semper- organizaciones en las que a sus miembros les unen cuestiones fundamentales pero en el que se permite y se alienta el debate interno y ladiscrepancia. Eso es lo que diferencia la secta de un partido político.

El Partido Popular de Gijón tiene que ser una organización donde todos los afiliados sepan que su voz será escuchada y sus derechos respetados, donde sus opiniones lleguen a conocerse por la dirección del partido, y donde exista libertad para defenderlas y exponerlas en el marco de un sistema de primarias, donde los afiliados eligen y concurren libremente para designar a los candidatos, tanto a los cargos orgánicos como a los públicos. No transitar este camino nos aboca a la irrelevancia política, y no podemos resignarnos a eso.

El pasado domingo, la coordinadora general del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, hacia un llamamiento para recuperar el alma del PP y a volver aidentificar lo que le defiende, que son las ideas de centro-derecha. El camino para ello es la convicción de que son las ideas las que terminan cambiando las instituciones, y no reducir la vida política al consenso sistemático. Porque en tanto que nos sigamos moviendo más por la lógica del interés que por la lógica de las ideas, no vamos a poder derrotar a la izquierda ni revertir su sistema económico estatista, que frena las expectativas de desarrollo de Gijón y de Asturias.

Dar la batalla de las ideas exige de un proyecto de rehabilitación ciudadana de nuestro partido, de apertura a la sociedad, abandonando los sistemas deliberativos y apostando por un programa de presencia en la calle, en contacto permanente con la gente de todos los barrios; con menos despachos, concilios y comisiones, y más contacto con la realidad diaria de la ciudad y los pueblos del concejo. En un tiempo en el que las formas de producción, organización del consumo y movilidad de capitales, personas y bienes esta afectando de manera profunda el carácter de las ciudades, el Partido Popular tiene que armar y defender un proyecto para Gijón donde lo global y lo local estén conectados y que priorice un urbanismo de transformación y reciclaje basa en la activación del centro urbano, la reprogramación del suelo vacante y del parque de viviendas, la integración y la hibridación de usos, facilitar a todos una vida urbana saludable, la incorporación activa de la naturaleza, la sostenibilidad energética y las formas alternativas de movilidad. En definitiva: un proyecto de ciudad del mañana, entendiendo que la frontera del mañana está más lejos de las siguientes elecciones.

Todos los que compartimos este planteamiento –y me dirijo ahora a mis compañeros del PP- debemos hacer piña ante estas cuestiones fundamentales y configurar –aparcando dobleces y cuestiones personales- una alternativa unitaria  al ‘más de lo mismo’, al personalismo, a seguir ignorando la realidad que tenemos delante, a tener un partido político ensimismado en su vida interna y que abdique de defender sus principios y valores. Os llamo a ofrecer a Gijón -y a Asturias- una alternativa real y creíble basada en un proyecto reformista, moderado y equilibrado; con una política enfocada en la acción de servicio a la gente, y no en términos de poder por el poder mismo; dejando de pensar en las siglas como un fin en si mismo, sino como una herramienta para transformar la realidad.

¡Hagámoslo!

Mal menor y voto útil

La táctica política del mal menor es una cosa distinta de la doctrina moral del mismo nombre. La doctrina moral del mal menor es lícita siempre que nuestra responsabilidad sea sólo la elección entre opciones malas. Pero ¿qué‚ ocurre cuando tenemos la responsabilidad de hacer propuestas? ¿Es lícito proponer un mal, aunque sea menor? La respuesta, desde el punto de vista ético, debe ser negativa y categórica: el mal menor, antes que menor, es mal. Y si la táctica del mal menor consiste en proponer males menores para evitar que triunfen males mayores la conclusión es que no es moralmente lícito recurrir a ella.

El maquiavelismo del ‘malminorismo’ tiene su demostración en la justificación del voto útil, lo que, paradójicamente, contradice el mal menor porque pide que se vote no ya al menos malo, sino a una opción que tenga posibilidades de triunfo, aunque sea peor que otras opciones con menos posibilidades. ¿Por qué denotar con ello la nula  convicción en las ideas y propuestas propias y en la capacidad para llevarlas al triunfo? ¿Por qué abonarse, con ese discurso, al retroceso, a la postura vergonzante y defensiva y al complejo de inferioridad? ¿Por qué la renuncia al protagonismo en la política, creyéndose ‘maquiavelos’, y siendo solamente una sombra en retirada? ¿Por qué esa visión miope y egoísta de utilidad?

El discurso del voto útil se adopta entre los cansados, o los que quieren ganar a toda costa, o los que ansían el éxito social inmediato. Es una trampa que coloca el concepto de ‘utilidad’ en el centro de la política y lo identifica con la conquista del poder -sea como sea- que se construye sobre arena, en lugar de mirar la utilidad de mirar más allá, la que siembra sin pensar en la cosecha; que olvida que hay otras ‘utilidades’ a las que puede encaminarse la acción política como son: romper la unanimidad negativa, ayudar a promover cambios positivos, dar ejemplo de fidelidad a unos principios, dar testimonio de coherencia y de honradez, etc.

¿Por qué renunciar a la influencia pedagógica o formativa que tienen los políticos ante el pueblo sencillo y convertirse en personajes engañosos? ¿Por qué falsear el sistema representativo que se dice defender, cuando el voto pierde su justificación originaria que es otorgar la representación de un interés legítimo o de un principio? ¿Por qué impedir que se consoliden progresivamente opciones políticas?

Frente al llamado ‘voto útil’, que es un recurso desesperado, no cabe otro más que el ‘voto del premio’ como reconocimiento o aval para quienes desde la estructura gubernamental estén en disposición de contribuir al beneficio de todos los ciudadanos, castigando a los que siguen en su desesperada búsqueda del poder, por el poder mismo. El pueblo conoce la ‘meritocracia’, porque la ve en realizaciones concretas, por lo que no hay que dudar que sabrá escoger el voto del premio –sin acudir al pesimismo y la ineficacia de la teoría del mal menor- para darle un alto a los oportunistas, que lo que buscan es repartirse el poder y tratar de esquivar sus compromisos.

Deuda regional: un peligro para nuestra democracia y nuestra prosperidad

El pasado viernes, en mi artículo semanal en asturias24 describía el permanente día de la marmota en el que vivimos en Asturias, buscando explicaciones fuera de nuestra propia responsabilidad, buscando culpables ajenos. No había trascurrido la mañana de ese día, cuando el Presidente de Asturias –en su comparecencia ante la Junta General para someterse a la interpelación de los grupos políticos- nos daba el titular del día para corroborar este análisis, cuando al ser interpelado sobre el resultado del PIB regional conocido dos días antes -que coloca a nuestra región en el último lugar de entre todas las Comunidades Autónomas, con la mayor caída nacional- replicaba: "Si en vez de darnos un punto de techo de déficit, hubiésemos tenido un 1,5 por ciento, podríamos haber movilizado recursos que, con su efecto multiplicador, nos hubiese situado en la media del país". 

Que el déficit no es la única vía para sostener el Estado del Bienestar, sino más bien lo contrario, es una evidencia palpable en la experiencia sueca. Pero el socialismo de Asturias sigue construyendo la casa por el tejado: primero define un Estado del Bienestar envidiable, y luego piensa en como generar riqueza para pagarlo, aunque en esto último no invierte mucho tiempo y prefiere culpar a los demás de la falta de recursos, mientras se sigue gastando lo que no se tiene, mientras el gasto público ya supone el 55,1% del PIB regional.

Estas declaraciones, con todo su adorno de victimismo exculpatorio, las hace el Presidente del mismo Gobierno de Asturias que sigue con su escalada imparable de endeudamiento –que se ha incrementado un 296% desde el inicio de la crisis- y que ya ha superado los 3.000 millones de euros. Mientras tres leyes de crédito extraordinario se tramitan en el Parlamento asturiano, poco parece importar que ese endeudamiento se vaya a destinar a seguir manteniendo una administración paralela que consume el 20,94% del presupuesto regional –por la vía de las transferencias corrientes- o que el gasto de personal de la administración regional suponga el 39,54% del montante total de las cuentas regionales. Poco parece importar que la OCDE advierta queno podemos gastar más con cargo a la deuda. Seguimos en la política de no pagar facturas y de que otros paguen la irresponsabilidad de gasto público.

Fuente: www.datosmacro.com

En este estado de cosas, nadie repara en lo delicado que es utilizar el instrumento de la deuda pública, ni en las consecuencias sobre la actividad económica y el futuro de la región, ni en la ya nula capacidad de influencia de la administración sobre el PIB de Asturias, acrecentada con cada decisión de incrementar el endeudamiento público. El ejemplo palmario lo tenemos en las sucesivas concertaciones sociales que se negociaron al calor de la burbuja de obra civil, a golpe de deuda. Seguir adelantando decisiones de consumo, es la forma de seguir financiando las onerosas estructuras de gasto sin que el contribuyente actual tenga percepción de cual es su verdadero coste, ya que este se transfiere a las futuras generaciones. Ahora pagamos aquellos excesos y seguimos endeudándonos, empecinados en mantener el gasto ordinario generado con los ingresos extraordinarios de tiempos de la burbuja que no volverán. Pero poco parece importar que estas decisiones estrangulen el crecimiento, maten el ahorro, castiguen el esfuerzo y minen la innovación empresarial, mientras no se reforma una administración pública monstruosamente entorpecedora de la actividad económica y consumidora de recursos públicos.

Pero además de comprometer el futuro, compromete nuestro presente y la capacidad de salir de esta insoportable crisis: los intereses de la deuda ya consumen hoy excesivos recursos productivos, incrementando de forma acelerada su proporción sobre el total del presupuesto regional. Y lo más importante: cuando los Gobiernos de endeudan deben repagar esas deudas cobrando impuestos a los ciudadanos, quienes son en definitiva los verdaderos deudores. Pero de un Gobierno autonómico que no tiene la competencia de recaudar los impuestos que se gasta –y por tanto no tiene que responder políticamente por ello-, resalta aún más su grado de irresponsabilidad por no preocuparse por la tendencia –todo lo contrario, reclaman más margen para seguir incidiendo en ella- y no asumir que esta no se corregirá si no es con ahorro público para amortizar la deuda.

Ya no es admisible el argumento del bajo porcentaje de la deuda en relación con el PIB regional o con respecto a otras Comunidades Autónomas, que el Gobierno de Asturias repite hasta la saciedad para investir de bondad cualquier decisión de gasto público y del endeudamiento asociado. La concepción de identificar el progreso con la capacidad de endeudamiento de la administración tiene graves consecuencias. Nos hace vivir con la falsa ilusión de que la deuda puede expandirse sin límite y que sólo esta puede garantizar el crecimiento económico. Y no es así. 
  

Asturias necesita abandonar estos postulados intervencionista, cuyo fracaso tiene a la región en cifras record de desempleo, pese a las ingentes cantidades de fondos públicos de los que ha sido beneficiaria. Asturias necesita más ahorro para reactivar la inversión, no persistir en las recetas del Telón de Acero de más gasto público y de repudio de la deuda. Tal como proponía Juan Costa Climent en su libro ‘La revolución Imparable’, Asturias precisa articular otra forma de entender la relación entre economía y entorno más acorde con las restricciones que nos impone la nueva era en que vivimos, donde el cómo se reparte el crecimiento entre el conjunto de la población, cuál es el nivel de cohesión social y cuanto patrimonio ecológico conservamos son los factores relevantes. En caso contrario, no podremos ser capaces de valorar el éxito o el fracaso de un Gobierno -o de una determinada política- y consumiremos nuestra vida y recursos luchando por algo distinto de lo que realmente buscamos.

A vueltas con el sueldo y número de diputados

Como consecuencia de la triple crisis  en la que estamos inmersos –económica, política e institucional-, se ha asentado la idea de que en España sobran políticos, y se ha conjugado con una reacción negativa sobre sus sueldos. La tentación de sucumbir ante esta ofensiva populista debe ser muy bien atemperada, para no ceder frente a –en palabras de Antoni Gutiérrez-Rubí- “una alianza de facto entre los que no quieren más política y los que sólo quieren una política”.El debate sobre los sueldos de los políticos no es nuevo ni reciente. En este mismo blog ya tuve ocasión de escribir sobre el por qué un político debe tener sueldo. Mucho antes –en 1809- y con más erudición, Álvaro Flórez Estrada, redactando un proyecto de Constitución, más radical que el que luego aprobaron las Cortes de Cádiz, vaciló –al tratar representación política- entre la participación general para la elección de diputados a Cortes, y la restricción de que los “los vocales de los congresos provinciales no disfrutan de sueldo alguno. Por este medio se logrará, sin chocar con ninguna clase, que no sean elegidos los que no tienen propiedad, y de esto mismo deben resultar otros muchos beneficios a las costumbres que sería largo señalar”. Esta postura, sin embargo, fue corregida en su discurso de 1811, proyectado para ser leído en la sesión de apertura de las Cortes, en el que insistía en la participación y representación universales.

Que la dedicación a la política sea una cuestión de vocación –lo cual no es malo- no debe asentarse sobre el principio de que dada esa naturaleza, los que la ejercen deben dar ejemplo cobrando poco para ennoblecer el oficio y hacerlo de interés público. Es evidente que para alcanzar esos loables objetivos el camino es bien distinto. Porque las decisiones políticas no están relacionadas con el nivel de sueldo del diputado, sino con que su productividad pueda ser medida y evaluada, pueda ser puesta en una balanza contable lo que cuestan y el beneficio que reportan y -como consecuencia de ello- se le premie o castigue. Un político es un asalariado con dinero público y como tal debe ser tratado. Estoy a favor de contener los ingresos de los políticos, en tanto que con ello se contiene el poder del Estado. Pero también estoy a favor en que su retribución sea única, transparente, suficiente y exclusiva dado el poder que asume, la repercusión de sus decisiones y la posibilidad de que tome estas motivadas por causas ajenas a su propio cometido de representación. En resumen: minimizar el incentivo que atrae a la política gente ambiciosa de riqueza y de la dignidad que le otorga el cargo. Empero, los datos evidencian que sus salarios se encuentran en la franja baja de lo que se paga en las democracias europeas.

De igual modo, tanto en el ámbito estatal como el autonómico, las cámaras españolas son relativamente pequeñas en términos parlamentarios y están muy lejos de la conocida formula de los politólogos Rein Taagepera y Matthew Shugart para determinar la cifra de los representantes camerales, de la que no pocos países se valen: calcular la raíz cúbica de la población. Su estudio -que data de 1989- analizó las asambleas de 105 países y encontró una relación empírica entre ambas variables. La base teórica de la relación parte de un 'feedback communications model of politics' donde se asume que el diputado se comunica verticalmente con el electorado que lo eligió y horizontalmente con otros legisladores dentro de la asamblea a la que pertenece.

En este escenario la comunicación es una de las funciones más importantes de un diputado. Por medio de la comunicación con el electorado, el parlamentario lleva a cabo la tarea de representación, y mediante la comunicación con otros diputados trabaja en la de legislador. El tamaño de la asamblea afecta la capacidad de los diputados para comunicarse entre ellos o con el electorado. Una asamblea grande reduce la comunicación entre diputados y favorece la comunicación con el electorado y viceversa. En ese sentido, se necesita una asamblea con suficientes diputados para maximizar los canales de comunicación y tener un balance entre las distintas tareas como es la representación y la legislación.

Se puede argumentar -no sin razón- que los diputados no se comunican, ni con el electorado ni con sus pares y que, por lo tanto, huelga el modelo o incluso -llegando más lejos- la propia asamblea. 'Fair enough' contestaría un yankee. Quizá en vez de prestar atención a que los diputados no hacen nada, debiéramos analizar por qué no están abiertos esos canales de comunicación y por qué los diputados no cumplen con su tarea.

Por ello, el debate tiene que trascender más allá que la simple discusión sobre el costo monetario a corto plazo que significa mantener los parlamentos. Es una cuestión de regeneración democrática, de procesos de selección de selección de candidatos, de replantear los partidos políticos -modernizando sus métodos de captación, transformando su organización y sus actividades, reforzando su atractivo- para que sean más dignos de las sociedades que desean Gobernar. De ahí -como señala Moises Naím en su reciente libro 'El fin del poder'- parte la necesidad de partidos políticos más fuertes, más modernos y más democráticos, que estimulen y faciliten la participación real de los ciudadanos en el proceso político, creando nuevos mecanismos de gobernanza real. Se trata -en definitiva- de acercarnos a los ciudadanos para que ellos no se alejen de nosotros.

Reforma fiscal, año cero

El 'Informe de la Comisión de Expertos para la reforma del sistema tributario español', presentado el pasado jueves, debería haber sido el punto de partida para acometer la profunda e imprenscindible reforma que las cuentas públicas de España, de la cual pende el afianzamiento de de los débiles datos que actualmente apuntan a la recuperación económica. Desgraciadamente, la lectura de las casi 500 páginas del llamado Informe Lagares no permite atisbar una base mínimamente sólida donde anclar una salida sostenida a esta crisis, aplicando las enseñanzas extraidas de las causas que dieron lugar a ella que, como el recientemente fallecido David Taguas apunta en su libro 'Cuatro Bodas y un Funeral', son: nuestro apego al gasto público, nuestra excesiva ponderación del presente en la elección intertemporal entre cosumo y ahorro, nuestra creencia en que debe mantenerse siempre y en cualquier circunstancia el poder adquisitivo de los trabajadores y -por último- la excesiva dependencia del crédito. De ninguna de las 125 propuestas contenidas en el documento, se puede deducir que se hayan elaborado con la visión de paliar la fuerte deuda externa y el insoportable nivel de desempleo que no deja de rondar el 26%.

Al margen de alabar medidas concretas -como la necesaria eliminación de la tributación por el sistema de módulos en el IRPF o del Impuesto sobre el Patrimonio-, de no compartir otras -como el incentivo de la financiación empresarial en el Impuesto de Sociedades vía deducción a la capitalización, en detrimento del endeudamiento, en lugar de hacer deducibles los dividendos y la capitalización de reservas-, de criticar abiertamente otras -como la propuesta de exprimir la vivienda a través de un nuevo IBI y el IRPF, pretendiendo seguir sacando jugo de los frutos de la burbuja inmobiliaria- o de no detectar graves ausencias en cuestiones previas a la implementación de otras -como la progresividad en frio, es decir, los impuestos que pagamos fruto de la inflación, con una tarifa del IRPF sin deflactar desde 2008-; al margen de todo ello, las propuestas del Informe Lagares deberían haber partido de que, como dijo el Presidente Aznar en el año 2000 "no se trata de bajar el IRPF para subir un impuesto indirecto, sino para que la economía crezca sobre bases sanas". Todo lo contrario, esta propuesta de reforma fiscal parte del error de justificar el gasto para justificar la recaudación. Las propias declaraciones de los expertos no han dejado lugar a dudas sobre ello: presumen de su efecto recaudatorio neutro. Hay que reconocer el carácter integral del informe. En palabras del propio Lagares: no se ha dejado titere con cabeza ni impuesto que evaluar. Pero esa labor se antoja valdía cuando ni tan siquiera se evalúala correlación entre consumo de servicios públicos y pagos, ni se propone ni una sola medida para mejorarla.

Si resulta incompresible que el mismo Manuel Lagares que encabeza este grupo de expertos, encabezara el grupo de expertos que redactó la reforma fiscal de 1998 -aunque es cierto que no hay recetas infalibles para tiempos y problemas heterogéneos-; lo es aún más que se justifique que el eje de la reforma es prácticamente idéntico al que desde hace años vienen marcando a España los organismos internacionales. La realidad es que, al margen a las condiciones marcadas en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera firmado en 2012 (la famosa ayuda a la banca), España unicamente está condicionada por un sistema de recomendaciones a las que someterse mientras el Banco Central Europeo interviene permanentemente los mercados para que las primas de riesgo no se disparen. La Unión Económica y Monetaria sigue cojenado por la falta de desarrollo de la unión bancaria y fiscal. Europa sigue careciendo de una Autoridad fiscal única, en el seno de la cual los socios europeos pacten cualquier expansión o reducción del gasto público o subidas y bajadas de impuestos, de modo que la actuación ante la crisis sea unanime y sus efectos más amplios que si lo hiciese cada gobierno de forma aislada. La verdadera condicionalidad, en cambio, vendrá con la asunción por parte del BCE -a finales de 2014- del papel de supervisor de las entidades financieras, que traerá aparejado una más que previsible limitación sobre la tenencia de la deuda pública española. Ese escenario requiere estabilizar la deuda pública y romper el circulo vicioso de la deuda soberana y la solvencia bancaria. Por eso la reforma fiscal no puede tener un efecto recaudatorio neutro. Por eso no puede limitarse maximizar la recaudación y minimizar la reducción de gasto, cuanto este se encuentra siete puntos por encima de los ingresos.

Tampoco puede proponerse una armonización fiscal de los impuestos autonómicos al alza, que sólo fomenta el despilfarro, cuando lo que debe fomentarse es la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas para que -como los Ayuntamientos y el Estado- sean vistos como recaudadores y sus decisiones sobre ingresos y gasto, tengan costes políticos, desterrando el victimismo que con tanta fruición cultivan algunos -con innegable rédito electoral- y dejen de repartirse el dinero público como una tarta. Porque lo más inquientante es la sensación de que esa homogeneización fiscal sea más para contentar las reivindicaciones de ciertas comunidades autónomas, quejosas de su insuficiencia de fondos, antes que para beneficiar al contribuyente.

Una propuesta de reforma fiscal que no identifica las principales necesidades del país y el volumen de recursos necesarios para hacer frente a los retos de futuro, es una propuesta incompleta. Porque más allá de los discursos sobre la baja eficiencia del sistema fiscal español, del escaso poder recaudatorio del catálogo de impuestos o del falaz discurso de la presión fiscal -cuando lo que debe tenerse en cuenta es el esfuerzo fiscal que están soportando familias y empresas-, lo cierto es que el actual nivel de gasto público atenta contra cualquier asignación racional de recursos y se antoja insostenible para la capacidad productiva de España. 

Sentada esta premisa, debemos plantearnos la necesidad de propiciar un cambio de nuestra propia economía, para reforzar sus potencialidades y eliminar sus lastres, incentivando lo bueno y penalizando lo malo, transformando nuestro sistema fiscal. Debemos dejar de empeñarnos en seguir aplicando impuestos sobre aquellas actividades que generan mayor valor social, dejar de castigar los salarios de los trabajadores y a las empresas que desarrollan actividades que aumentan el bienestar, y dejarnos de premiar a aquellos que contaminan o destruyen el capital ecológico. Es el único camino para aumentar de forma estable nuestra competitividad, poniendo en marcha las transformaciones y las inversiones tecnológicas necesarias para operar con mayor eficiencia de costes y mediambiental. Pero nada de ello será posible sin un aumento del ahorro de familias y empresas, cuya única vía de consecución pasa por la reducción del esfuerzo fiscal. Y para que esa reducción pueda ser apoyada por mercados e instituciones, es imprescindible la reducción del tamaño del sector público.